El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha exigido al alcalde, Francisco de la Torre, “que informe a la ciudadanía sobre la gestión de dinero público y todos los contratos de la empresa municipal Promálaga”, después de que la Fiscalía haya acusado a su exdirector económico y financiero, “arropado por el PP”, por supuestamente quedarse con “dinero de contratos públicos firmados por la entidad con empresas privadas para la procuración de servicios”.
Pérez ha reaccionado de esta manera a la supuesta “trama de mordidas” en el seno de la empresa municipal, por el que este ex alto cargo “puesto a dedo por De la Torre” ha sido acusado por la Fiscalía por los delitos de cohecho y falsedad documental, ya que para el cobro de estas mordidas de dinero público “se confeccionaron supuestamente facturas falsas”, ha señalado en un comunicado.
Ha recordado que “el PP en el Ayuntamiento nunca nos ha dado un solo papel” sobre la información demandada en el seno del Consejo de Administración. “Se trata de una de las empresas más opacas del holding municipal, que mantiene el mismo modus operandi que hemos visto en Smassa, con otro gerente cesado por su mala gestión”, ha agregado sobre este caso y la acusación de la Fiscalía, adelantada por ‘eldiario.es’.
“En este momento no sabemos en qué punto se encuentra la investigación del caso, pero pedimos a De la Torre que el Ayuntamiento se persone como acusación particular si es que el alcalde no tiene nada que temer. Esto es muy grave, estamos hablando de dinero público que se ha llevado un alto cargo puesto a dedo por el PP y al que se le dio indemnización con cerca de 180.000 euros”, ha señalado.
En el momento en que se inició la investigación, “tras la denuncia de un empresario que no cedió al chantaje, la entidad Promálaga manejaba un presupuesto cercano a los 12 millones de euros”, han señalado desde el PSOE.
En su escrito, la Fiscalía de Málaga solicita tres años y diez meses de prisión por los delitos de cohecho y falsedad para este exdirectivo, que entre sus cometidos tenía el de hacer informes de necesidad de los contratos relaciones con las competencias derivadas de su cargo.
Según esta acusación, consultada por Europa Press, en 2016, el acusado se reunió con un directivo de una empresa que ya había tenido relaciones comerciales con Promálaga y, “tras afirmar que había sido gracias a su intervención” que había conseguido contratos, presuntamente “le exigió el pago del 50% del beneficio obtenido con el último firmado”.
Asimismo, señala el ministerio fiscal, presuntamente le habló de la posibilidad de seguir las relaciones “en caso de que se atendieran sus exigencias”, ya que el contrato estaba por renovar, y le informó también de la posibilidad de participar en un nuevo proyecto. Para dar apariencia de legalidad, este acusado y su esposa, también procesada, “elaboraron una factura que no tenía correspondencia con la realidad por un supuesto trabajo de consultoría”.
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