Un proyecto europeo nacido en la UMA busca mejorar los posgrados de Derecho en Filipinas

La Universidad de Málaga (UMA) participa en Calsada R.S.D., un proyecto europeo que quiere mejorar la calidad de la enseñanza jurídica de posgrado en Filipinas, reforzar la investigación en sus universidades y ayudar a su transformación digital. Lo ha explicado la propia UMA en una nota, en la que hace balance del primer año de la iniciativa, que califica de «especialmente positivo».

El proyecto, cuyo nombre completo es Capacity Building for Legal, Social and Digital Advancement through Excellence in Research and Sustainable Connectivity, está cofinanciado por la Unión Europea a través de Erasmus+ Capacity Building in Higher Education, la línea del programa dedicada al refuerzo de capacidades en la educación superior. Empezó el 1 de noviembre de 2025, tiene una financiación cercana al millón de euros y está previsto que termine en octubre de 2029. Lo coordina la Universidad de Granada, bajo la dirección del profesor Fernando Esteban de la Rosa.

Según la UMA, la idea partió de Málaga. La propuesta la redactaron José Manuel de Torres Perea, profesor titular de Derecho Civil y coordinador de Calsada en la universidad malagueña, y Marilia Higa, gestora de proyectos internacionales. Ambos habían sido coordinador y responsable de gestión de Calesa, un proyecto europeo anterior liderado por la UMA, también con cerca de un millón de euros, que ha recibido de Bruselas la calificación de «very good». La participación malagueña se gestiona desde el Vicerrectorado de Movilidad y Proyectos Internacionales.

Qué pretende

Su principal objetivo es contribuir a crear en Filipinas un marco nacional de calidad para los estudios de posgrado en Derecho. El proyecto parte de la idea de que la formación jurídica no debe limitarse a preparar abogados, sino fomentar también la investigación, el pensamiento crítico, el trabajo entre disciplinas y el compromiso social de las universidades.

Para ello están previstos en los próximos años seminarios internacionales, actividades de formación, investigaciones comparadas y propuestas para mejorar las políticas de calidad universitaria, en las que la UMA tendrá, según la nota, una participación «relevante» a través de su profesorado.

En el consorcio están, además de las universidades de Málaga y Granada, la Universidad de Deusto, la Universidade Nova de Lisboa, la Universidad de Łódź y las filipinas University of the Philippines, Ateneo de Manila University, Ateneo de Zamboanga University, University of San Agustin y San Beda University. También son socios la Philippine Judicial Academy (Philja), vinculada al Tribunal Supremo de Filipinas; el Legal Education Board, que regula la enseñanza jurídica en el país, y la Commission on Higher Education, el organismo filipino de educación superior. La Universidad de Santo Tomás y la agencia portuguesa de evaluación A3ES participan como entidades asociadas.

Manila, el primer año

En enero de 2026, De Torres Perea viajó a Manila para presentar el proyecto a la Philja, al Legal Education Board, a la University of the Philippines, a San Beda University y a Ateneo de Manila University, y concretar las responsabilidades de cada institución. La UMA enmarca esas reuniones en una red de cooperación académica con Filipinas que viene desarrollando desde hace más de una década.

En junio, la University of the Philippines acogió en Manila el primer encuentro presencial del consorcio, con representantes de las universidades europeas y filipinas y de instituciones de la educación superior y del ámbito judicial. En agosto salió el primer número del boletín del proyecto, Calsada R.S.D. Newsletter, y en septiembre se reunió el comité de dirección para programar los próximos seminarios y actividades.

Otro proyecto con la justicia filipina

Calsada se suma a Calesa Digital, otro proyecto en marcha que coordina De Torres Perea y que financia la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid). En él, según la UMA, se está desarrollando una colaboración con el Tribunal Supremo y el Ministerio de Justicia de Filipinas para modernizar la Administración de Justicia y adaptar el ordenamiento jurídico del país a la transformación digital.