La Fiscalía archiva la denuncia sindical sobre los reactivos del Hospital de la Axarquía

La Fiscalía Provincial de Málaga ha archivado las diligencias abiertas por la denuncia de un sindicato sobre la presunta utilización de reactivos caducados, no estabilizados o reutilizados en el laboratorio del Hospital Comarcal de la Axarquía, en Vélez-Málaga. Según ha informado la Junta de Andalucía en un comunicado, el fiscal concluye que no hay indicios mínimos de delito que justifiquen abrir una investigación penal.

El Ministerio Fiscal abrió en abril diligencias preprocesales, la fase previa en la que valora si unos hechos merecen llegar al juzgado. De acuerdo con la Junta, el hospital colaboró «desde el primer momento» y remitió toda la documentación que se le pidió.

Una investigación interna previa

Es el segundo archivo. La gerencia del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga abrió en enero una investigación reservada tras recibir de forma verbal las quejas del sindicato, y la cerró en marzo al no quedar acreditados los hechos denunciados. La organización sindical llevó después el asunto a la Fiscalía.

En esa investigación interna, según la Junta, se recabaron informes de la dirección médica, la dirección de enfermería, los servicios TIC, Atención a la Ciudadanía y la jefatura del laboratorio; se tomó declaración a personal del centro; se inspeccionó el laboratorio en persona y se comprobó el funcionamiento del analizador. También se examinaron las fotografías y los documentos aportados por el sindicato, correos, documentación técnica y una auditoría interna.

La vía contra el sindicato

La jefatura del servicio de Laboratorio y la coordinación del laboratorio del hospital han acudido por su parte a la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vélez-Málaga. Allí han celebrado un acto de conciliación, el trámite previo a una querella, por un presunto delito de injurias y calumnias continuadas con publicidad contra el sindicato. La Junta señala que esas actuaciones siguen su curso.

El asunto había llegado al Parlamento andaluz. Adelante Andalucía registró en septiembre una pregunta sobre el supuesto uso de reactivos caducados, y el 1 de octubre el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, defendió en el pleno que «la seguridad clínica no se ha visto comprometida en ningún momento» y que los analizadores están «programados para bloquear y rechazar automáticamente cualquier reactivo caducado».