La Audiencia juzgará a 48 acusados de traer hachís en barcos de recreo y dobles fondos
La Fiscalía pide penas de entre nueve y 18 años y medio de prisión para los procesados, a los que atribuye formar parte de una red con alijos desde Marruecos investigada por la Guardia Civil en Málaga.
La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga juzgará a partir de este lunes a 48 personas acusadas de formar parte, de una u otra forma, de una organización vinculada a la provincia que supuestamente introducía hachís en España con embarcaciones de recreo a nombre de testaferros, lanchas de alta velocidad y vehículos con dobles fondos. Según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, la vista se prolongará durante todo noviembre y algunos días de diciembre.
El fiscal acusa a los procesados de delitos contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas que no causan grave daño a la salud, en cantidad de notoria importancia y con la agravante de extrema gravedad por el empleo de embarcaciones; de contrabando continuado y de tenencia ilícita de armas. Pide 18 años y medio de cárcel para uno de los principales acusados y nueve años para aquellos a los que menos pena reclama.
Lo que sostiene el fiscal
Según su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press, la investigación la llevó a cabo el grupo EDOA de la Guardia Civil en Málaga. El ministerio público describe una red que «no solo dispone de una gran capacidad económica, sino también de una alta especialización», y que usaba telefonía encriptada.
La dirección estaba, según la acusación, en manos de dos hombres, uno de ellos declarado en rebeldía en esta causa. Por debajo habría dos jefes intermedios encargados de la logística, y el resto de los acusados estaría vinculado a la titularidad de las embarcaciones, a su abastecimiento o a los amarres. Muchos de ellos tienen vínculos personales y familiares entre sí.
La organización empleaba, siempre según el fiscal, cuatro embarcaciones de recreo y cinco semirrígidas, estas últimas prohibidas por la normativa, que la cúpula coordinaba directamente para hacer alijos de hachís procedentes de Marruecos.
Para la vía terrestre, la acusación atribuye a dos de los procesados la fabricación «de manera habitual y casi en exclusiva» de «sofisticados» dobles fondos para vehículos, por los que cobraban «precios fuera de mercado». En esos coches se intervino droga y también importantes cantidades de dinero.
El escrito detalla las operaciones interceptadas durante la investigación, por mar y por carretera, y el grado de participación que el fiscal atribuye a cada acusado. Son las peticiones iniciales de la acusación pública: será el tribunal quien decida tras el juicio, y a todos los procesados les ampara la presunción de inocencia.
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