VOX Rincón presenta una moción contra la okupación y la inquiokupación en el municipio

La moción expone «la profunda alarma social que genera la ocupación de viviendas» y señala «la dificultad de conciliar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, como el derecho a la libertad, a la seguridad, a la inviolabilidad del domicilio y, fundamentalmente, a la propiedad privada».

El portavoz de VOX en Rincón, Jose Rodríguez, ha recordado que el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el derecho a la propiedad individual y colectiva, y prohíbe la privación arbitraria de la misma. En este sentido, subraya que la Constitución Española «defiende la propiedad privada como un derecho estatutario, cuyos límites deben ser establecidos por las leyes y no por la voluntad arbitraria».

«La ocupación, como forma de acceso a la vivienda que viola la propiedad privada, está expresamente excluida y penada por el Código Penal, contraviniendo además la Declaración Universal de los Derechos Humanos», señala VOX, que en la moción destaca «la urgencia de adoptar medidas a nivel local, a pesar de que gran parte de la regulación necesaria dependa del Estado».

Según precisa VOX en un comunicado, «se ha detectado incluso la presencia de bandas organizadas de carácter criminal que explotan esta situación, ofreciendo viviendas ilegítimamente o exigiendo pagos a los propietarios para recuperarlas. Los datos aportados en la moción revelan la magnitud del problema».

En este sentido, apunta que en la provincia de Málaga se registraron 415 delitos por ocupación de inmuebles entre enero y noviembre de 2022, lo que supone un incremento de casi el 50% desde 2015, cuando se contabilizaron 349 delitos. A nivel autonómico, según datos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) facilitados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2022 se registraron 536 procedimientos de okupación en Andalucía, representando el 19,2% del total nacional.

«Desde la llegada al Gobierno del presidente Pedro Sánchez, los delitos contra la propiedad privada a nivel nacional han aumentado en un 41%», han indicado desde VOX, apuntando que en el primer trimestre de 2023, ingresaron en los juzgados andaluces 145 casos de «okupaciones», el 23,1% del total nacional. En la provincia de Málaga, se han registrado más de 3.000 delitos de ocupación en los últimos ocho años.

Desde el grupo municipal han reconocido que «la okupación puede tener orígenes diversos y afectar a diferentes tipos de víctimas y victimarios»; sin embargo, han insistido en que estas situaciones «no pueden desvirtuar el derecho fundamental a la propiedad privada y el desarrollo de los proyectos de vida de los ciudadanos».

Asimismo, han señalado que las principales víctimas «son pequeños propietarios y ahorradores, quienes ven cómo su inversión y principal vía de ahorro se ven perjudicadas» y han alertado sobre «el auge del fenómeno de los inquiokupas, inquilinos que dejan de pagar el alquiler y prolongan su estancia en la vivienda amparándose en la legislación vigente».

Han apuntado que la estimación es que «entre ocupaciones e inquiokupaciones, el número de casos en España podría superar los 100.000». Asimismo, la moción también critica que «la figura del okupa se vea amparada por la posibilidad de inscribirse en el padrón municipal, otorgando derechos y beneficios sociales, lo que se considera un premio a la ilegalidad ante la falta de regulación específica en los ayuntamientos».

MEDIAS PLANTEADAS

Ante esta situación, el Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria propone la adopción de medidas concretas, como dotar a los presupuestos de 2026 de los fondos necesarios para la creación de un Servicio de Asesoramiento a Afectados por la Ocupación y la Inquiocupación. Este servicio, han precisado, estará especialmente dirigido a los pequeños propietarios, «quienes a menudo se encuentran desamparados».

También plantean la creación de un Portal de Transparencia específico que proporcionará información a la ciudadanía sobre conceptos básicos relacionados con la ocupación ilegal (vivienda, allanamiento, usurpación), los procesos judiciales disponibles, los requisitos de representación legal, y las actuaciones de las diferentes áreas de gobierno en esta materia (policía local, bienestar social).

Asimismo, proponen crear un Registro General de Denuncias, que permitirá recopilar información sobre las denuncias de ocupación realizadas en el municipio y, en coordinación con la Junta de Andalucía, «evitar la inscripción o aceptación en la bolsa de solicitantes de viviendas VPO a personas condenadas por delitos relacionados con la ocupación ilegal de bienes privados».

Además, instan a la creación de una Unidad Administrativa Especializada de la Policía Local, la cual centralizará y coordinará la intervención con otros cuerpos de seguridad del Estado para agilizar las actuaciones en casos de delito flagrante, mejorar la captación de datos y analizar la evolución del fenómeno, coordinándose con el Servicio Antiocupación propuesto.

Otra medida es la verificación de la información en los registros de empadronamiento y se propone solicitar, además de la documentación habitual, el certificado de residencia fiscal o de vivienda habitual emitido por la Agencia Tributaria Estatal (AEAT) para acreditar la residencia real; así como promover beneficios fiscales para los propietarios de viviendas que hayan sido ocupadas ilegalmente.

En este sentido, desde VOX consideran «injusto que las víctimas de ocupaciones e inquiokupaciones deban seguir pagando los tributos municipales correspondientes al inmueble ocupado».

La formación plantea también establecer un control exhaustivo y periódico sobre los informes de vulnerabilidad emitidos por los Servicios Sociales municipales, con el fin de «garantizar un seguimiento riguroso de cada caso para evitar la cronificación de la inquiokupación».

«Confiamos en que esta moción sea considerada con la urgencia y seriedad que el problema requiere, y que se adopten las medidas propuestas para proteger el derecho a la propiedad privada y garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos del municipio», ha concluido Rodríguez.