El secretario general de CCOO de Málaga, Fernando Cubillo, y su homóloga en UGT, Soledad Ruiz, han criticado que el Gobierno andaluz ha defraudado a la provincia durante el primer año de vigencia por el Paco por el Impulso Social y Económico de Andalucía suscrito con la Junta. En este sentido, han criticado lo “mala gestión de la administración, que apenas ha ejecutado el 15% del total”.
Un acuerdo que fue firmado con los agentes sociales y con dicha administración para impulsar medidas urgentes y crear así el mayor escucho social de la historia de esta comunidad autónoma. El resultado, según estas organizaciones sindicales es un “suspenso total”.
En concreto, Cubillo ha manifestado que “tras realizar el balance de este periodo, tenemos que decir que la ejecución por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía a penas ha llegado al 15% del total. El bono familia, el bono carestía y las ayudas a las pequeñas y medianas empresas, entre otras medidas, solo han supuesto unos 600 millones de euros, de un total de 4.430 millones de euros”.
El líder de CCOO ha afirmado que “el grado de ejecución de este acuerdo ha sido muy deficiente”, y por ello, ha anunciado se va a solicitar una reunión urgente con la Delegación provincial de Gobierno en Málaga para concretar el impulso que requiere dicho acuerdo.
“El objetivo de este acuerdo era mejorar la vida de las personas trabajadoras y del conjunto de la sociedad andaluza, pero esto no ha sido así, ya que sigue habiendo largas listas de espera en la sanidad pública y en la dependencia en la provincia de Málaga. Además, la educación de formación profesional sigue prácticamente parada, y ésta podría dar una oportunidad para el empleo a miles de jóvenes malagueños”, ha resaltado Cubillo.
El secretario general de CCOO de Málaga también ha explicado que “el Gobierno de Andalucía apenas se ha gastado en apoyo a la pequeña y mediana empresa unos 200 millones de euros, de un total de 525 millones de euros. La garantía a los préstamos hipotecarios de las personas jóvenes siguen sin tener reflejo presupuestario, ni la financiación no reembolsable, ni las políticas de desarrollo digital con esos 240 millones de euros, ni el plan de empleo juvenil con unos escasos 21 millones de euros gastados, de un total de 85 millones de euros como crédito definitivo. Un dinero que serviría muchísimo para las empresas, para los trabajadores y trabajadoras, así como para la familia más necesitada de la provincia de Málaga”.
Por su parte, la secretaria de Política Social y Migraciones de CCOO de Málaga, Inmaculada Sánchez, ha criticado que “ni la negociación ni el diálogo social han estado presentes durante este primer año”, y también ha criticado el “Decreto Ley sobre simplificación administrativa, que esta Administración ha sacado de manera unilateral y de forma cínica porque era una cuestión que debía haber sido abordada, objeto de la negociación y el consenso dentro del propio pacto”.
Le ha exigido al Gobierno andaluz que “rectifique los problemas que presenta en cuanto a su diseño el bono carestía, y que se pueda solicitar de manera presencial, que se amplíe el plazo de solicitud, igual que se amplíe la partida de esos 12 millones de euros, porque correspondían a 2023, y que se agilicen las resoluciones porque el silencio administrativo pasado en los seis meses supone la denegación de la ayuda”.
También ha recordado que “a día de hoy todavía hay jóvenes a quienes no les ha llegado la ayuda al alquiler del bono joven después de un año y medio desde que lo solicitaron, lo que demuestra la falta de interés de este Gobierno por aliviar la situación de la vivienda que padece la juventud, que tiene que destinar al alquiler tres cuartas partes de su salario”.
La representante sindical ha resaltado que “la falta de diálogo en relación a las medidas en torno a la subida del precio plaza residencial en dependencia y el incremento del 25% del precio hora de ayuda a domicilio mantiene la atención a la dependencia en una situación de precariedad ante la falta de plazas públicas y concertadas que se quieran ajustar a los precios que hasta ahora fija la Junta, y una atención de ayuda a domicilio precarizada por las licitaciones a la baja, con consecuencias que terminan pagando las personas usuarias y las trabajadoras de dicho sector”.
Por su parte, La secretaria general de UGT Málaga, Soledad Ruiz, ha señalado: “Nos gustaría poder valorar positivamente este primer año del pacto, pero no ha sido posible porque hay más sombras que luces. Nuestro compromiso era velar porque los derechos e intereses de los trabajadores de nuestra tierra y que fueran desarrollados y tomados en consideración en la ejecución del Pacto; de ahí que seamos estrictos en su cumplimiento”
Ruiz ha añadido que, en torno a mayo 2023 se inició un diálogo con la Delegación de Gobierno de la Junta para hacer una valoración sobre las medidas que afectaban más a nuestra provincia, “reuniones que fueron infructuosas al no llegar ni siquiera a definir el marco del diálogo, por lo que la delegada del Gobierno se reunión con todas las partes para explorar la posibilidad de retomar los trabajos de la mesa de diálogo social, en octubre de 2023”.
Asimismo, añade: “hemos querido llevar a cabo un importante esfuerzo de seguimiento de las 172 actuaciones que, desde UGT, entendemos incluidas en el pacto. La primera conclusión es que nos falta mucha información, como así constata que no sepamos absolutamente nada de 95 de ellas y eso es algo difícilmente asumible en términos de concertación social y de compromisos de las partes que firmamos”.
Por otro lado, desde UGT se detectan importantes déficits de información en las vinculadas a la formación para el empleo o a la sanidad o en el compromiso para avanzar en la gratuidad del primer ciclo de la educación infantil que lo retrasa a 2025.
Ha calificado de “injustificable” que 13 medidas continúen sin iniciarse, entre ellas las subvenciones a los comedores sociales, los planes de accesibilidad para las personas con discapacidad o la Alianza por la Industria, “algo por lo que clama la enorme mayoría de nuestras pymes industriales”.
A estas suma las calificadas como urgentes que no se han aprobado y siguen en el “departamento de borradores”, como el Plan Urgente de Empleo Juvenil o la garantía de los préstamos hipotecarios para personas físicas que tengan hasta 35 años, aspectos fundamentales para UGT.
“Por otro lado, el pasado 9 de abril desde UGT denunciamos la paralización de todos los acuerdos firmados con la Consejería de Salud”, ha dicho Ruiz, que también ha apuntado que para UGT dar respuesta a la demanda asistencial y de la cartera de servicios de Atención Primaria era uno de los aspectos claves del pacto firmado por los agentes sociales y la Junta, pero ha criticado que “sigue la situación deficitaria en incorporación de personal, mejora en la gestión, incorporación nuevos perfiles profesionales y demora en los acuerdos de carrera profesión por servicios prestados cuyos efectos económicos se incluyen en el presupuesto de 2024”.
También ha criticado que existen medidas de ejecución uniltaeral del Gobierno, sin ser desarrolladas en el seno del Diálogo Social y ha puesto como ejemplos el desarrollo de la nueva Ley de Vivienda o de la Ley para las Personas con Discapacidad, el Plan Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres o el fortalecimiento del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.
Por otro lado, Vicente Sandoval, secretario de organización y salud laboral de UGT Málaga, ha criticado la que ha considerado un “bajo impacto” en relación al acuerdo para la implantación de un plan de choque contra la siniestralidad “ya el número de accidentes mortales en la provincia de Málaga a fecha de hoy es grave”.
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