La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha explicado este viernes que ha podido hablar con la familia de Manuel José García Caparrós –muerto de un disparo de la Policía armada en la manifestación por la autonomía andaluza del 4 de diciembre de 1977 en Málaga–, y le ha trasladado tanto “disculpas” como información acerca del decreto que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el próximo martes después de que el Ministerio del Interior denegara su solicitud para que dicho joven fuera declarado como víctima del terrorismo.
En una atención a medios en la Delegación del Gobierno en Andalucía, en Sevilla, antes de presidir junto al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, una reunión con organizaciones agrarias, María Jesús Montero se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas después de que se conociera la carta que desde el Ministerio del Interior le había llegado a la familia de García Caparrós denegando la condición de víctima del terrorismo para él, al considerar que no tiene encaje en la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral de Víctimas del Terrorismo.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ha explicado este viernes que tuvo “ocasión de hablar con la familia ese mismo día”, por lo que pudo trasladarle “con claridad cuál era la pretensión del Gobierno de España”, y al respecto ha señalado que cree que “hemos encontrado la fórmula más adecuada para dar una respuesta justa, necesaria”, e incluso diría que “obligatoria al reconocimiento y a la dignidad de la figura de José Manuel García Caparrós”.
Montero ha explicado que “la familia se dirigió hacia la dirección general encargada de las víctimas del terrorismo, y lo que hubo fue una respuesta técnica de los funcionarios que se encargan de estas tareas en la que lo que trasladaron era que su figura no se correspondía con lo que legalmente se marca como ‘víctima del terrorismo’, que era más parecido a lo que viene a ser víctima de la memoria histórica o de la memoria democrática, dependiendo de cómo se les llame”.
Ante ello, lo que va a hacer el Gobierno “el próximo martes”, en la reunión del Consejo de Ministros, es “impulsar un decreto-ley con carácter urgente que permita recuperar las indemnizaciones en la Ley de Memoria Democrática que existían antes de la nueva ley y que, además, se asimilarán a las que las que se dan a las víctimas del terrorismo”, según ha explicado la vicepresidenta, que ha indicado que así se lo comunicó a la familia de García Caparrós, trasladándole además “nuestras disculpas porque la carta que le llegara fue una carta exclusivamente técnica”.
“No es que fuera ni mejor ni peor, es que era técnica y, por tanto, había ido por los circuitos habituales que se dirigen este tipo de solicitudes”, ha precisado la vicepresidenta.
En todo caso, María Jesús Montero ha defendido que “lo importante” en este caso es “el empeño del Gobierno de España por reconocer la figura de García Caparrós y, particularmente”, su “compromiso con la familia de que íbamos a proceder a ese reconocimiento”, y en esa línea ha valorado que se podrá recuperar esa opción de “indemnización” con “las mismas cuantías que las víctimas del terrorismo, para que se considere lo que es García Caparrós, una víctima de la memoria democrática, de esos años finales de la dictadura, comienzos de la democracia” constitucional española y que, “desde luego, es la dignidad del pueblo andaluz la que se refleja en su persona”.
Montero ha defendido al hilo de ello que “el Gobierno de España está dando muestra de que se mueve muy rápidamente y, sobre todo, que da respuestas muy claras cuando se trata de problemáticas relacionadas” con Andalucía, como, según ha agregado, se ha evidenciado con el decreto-ley que este mismo jueves se convalidó en el Congreso con ayudas para las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado mes de enero, o con el paquete de ayudas aprobado para los afectados por la sucesión de borrascas que ha atravesado Andalucía en las primeras semanas del año.
Al respecto, ha criticado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), calificase “los 7.000 millones de ayudas del decreto-ley de las inundaciones como ayudas a granel”, y ha sostenido que es “una falta de respeto que no cabe entre instituciones”, así como lo ha atribuido a que al también líder del PP andaluz “le da coraje” y “todo lo que viene del adversario político intenta ningunearlo”.
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