En concreto, el punto siete del orden del día del Pleno contempla la resolución de las alegaciones recibidas a lo largo de toda la tramitación de la ordenanza, que recibió su aprobación inicial el pasado mes de marzo.
El objetivo de este texto es “acabar con la inseguridad jurídica, administrativa y económica que afecta tanto a los residentes como al propio Ayuntamiento de Mijas”.
Desde el Ayuntamiento han señalado que “la falta de claridad sobre quién debe conservar y mantener viales, redes de saneamiento, abastecimiento de agua, alumbrado o zonas verdes ha supuesto históricamente un evidente perjuicio a los mijeños que viven en estas zonas, ya que tributan por los mismos conceptos (IBI) que los de los núcleos urbanos”.
Así, la Ordenanza Municipal Reguladora de la Recepción de Urbanizaciones Históricas se basa en los mecanismos previstos en la legislación autonómica, particularmente en la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), que establece el marco para la regularización de estas situaciones de hecho consolidadas.
Por otro lado, han recordado que el proceso para la nueva ordenanza arrancó en enero de este año con la preceptiva consulta pública, que estuvo vigente quince días hábiles. Esta consulta pública previa dio cumplimiento al artículo 133.1 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sirvió para identificar los problemas que afectan a las urbanizaciones históricas, así como las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
