La presidenta de la Audiencia de Málaga, Lourdes García, ha aplaudido la aprobación por parte del Gobierno de nuevas plazas judiciales previstas para la provincia, aunque ha reclamado más atención a las salas civiles de la Audiencia, para evitar retrasos en asuntos que lleguen de primera instancia; y ha lamentado que se “han olvidado” de las salas penales, ya que no hay nuevas plazas.
“La Audiencia es la que ha salido peor parada”, ha considerado García en declaraciones a Europa Press, en relación con el real decreto del Gobierno, aprobado esta semana en el Consejo de Ministros, que contempla la creación de 500 plazas judiciales en toda España, de las que 22 son en la provincia malagueña.
De esas nuevas plazas, dos son para el orden civil en la Audiencia de Málaga, que permitirá la creación de la Sección 10, la cual se completará con otras tres plazas mediante la adscripción de un magistrado de las otras secciones civiles ya existentes –la cuarta, quinta y sexta–.
Asimismo, se crean siete plazas de civil en la capital, dos en Fuengirola, una en Marbella y otra en Torremolinos; así como una de Instrucción y otra de Familia, Infancia y Capacidad en Málaga; una plaza de civil e instrucción en Antequera, en Vélez-Málaga, en Estepona y en Torrox; así como dos de lo Social y una de lo Mercantil.
García ha indicado que en general con esto se produce un “avance” en cuanto a llegar a cubrir las necesidades, ya que todas esas plazas son importantes en la provincia, incidiendo en que en el caso de Estepona hay que “insistir en que se eleve a la categoría de magistrados, con la separación de jurisdicción, lo que permitiría una estabilidad de los jueces y la atención mejor del nivel de asuntos que tienen”.
En cuanto a Málaga capital, ha aplaudido las plazas previstas, aunque ha expresado su “preocupación” en cuanto a la Audiencia, primero por el orden penal, al considerar que “no tiene sentido que hasta donde sé se habían previsto dos plazas para penal, que ya eran insuficientes”, pero, ha lamentado, “no están en el decreto, en algún lugar se han quedado”.
Así, ha asegurado que ha presentado estudios, avalados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Consejo General del Poder Judicial, para la creación de nuevas plazas y también para magistrados de refuerzo en comisión, con datos del aumento de juicios y argumentos sobre “la complejidad” de los casos que llegan a enjuiciamiento a la Audiencia, que tiene “macrocausas tremendas y más casos de jurado”.
Pero, “se han olvidado de la Audiencia de Málaga”, ha lamentado en declaraciones a Europa Press García, quien ha expresado su “queja” por no contemplar el Gobierno refuerzo “de ningún tipo” en las salas penales y ha incidido en que va “a seguir trabajando” para revertir esta situación.
En cuanto al orden civil, ha celebrado que se cree la Sección 10 de la Audiencia, que lleva pidiendo “mucho tiempo y va a permitir que Familia y Mercantil, materias muy diferentes, puedan llevarse por separado”; aunque ha explicado que “se han creado únicamente dos plazas y se harán las secciones civiles más pequeñas”, con menos número de magistrados cada una.
La presidenta de la Audiencia ha señalado que existe “una bolsa de más de 6.000 asuntos pendientes, con deliberación y resolución de asuntos con una dilación de más de un año”, por lo que ha asegurado que va a “seguir peleando para que se mantengan las comisiones de servicios estructurales, porque la bolsa de trabajo no va a descender”.
Además, ha explicado que al aumentar el número de plazas de primera instancia, el trabajo que saquen adelante estos nuevos magistrados “¿dónde va a acabar? En la segunda instancia, en la Audiencia”. Por esto, “el incremento de jueces de instancia en civil, muy necesario, tiene que ir correlativo al incremento en la Audiencia por el análisis serio de la carga de trabajo que tiene ya y ese aumento”, ha considerado.
García ha añadido la necesidad, también, de un incremento de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que “no se ha contemplado”; así como aumentar el número de funcionarios para posibilitar la tramitación de los asuntos judiciales, en este último caso, una cuestión que depende de la Junta de Andalucía.
