La Junta de Andalucía ha comenzado la construcción del nuevo edificio administrativo en Málaga que permitirá unificar en un mismo espacio a 460 empleados públicos de hasta cinco delegaciones territoriales y que supondrá en la práctica “un ahorro de 1,7 millones de euros anuales al eliminar prácticamente la inversión en alquiler de edificios en la provincia”, según ha destacado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España.
Así, ha recordado que esta obra “da respuesta a una reivindicación histórica de los vecinos del barrio Cruz de Humilladero”. Además, ha destacado “que es finalmente el Gobierno de Juanma Moreno el que cumple con una promesa que realizaron anteriores gobiernos hace más de quince años”.
España ha participado en el acto de colocación de primera piedra del inmueble, ubicado en la avenida Ortega y Gasset de la capital malagueña, donde ha apuntado “el simbolismo del proyecto como ejemplo de gestión del patrimonio público por parte del Gobierno andaluz”.
“Es un buen exponente de un modelo que busca la eficiencia, ahorrar costes innecesarios, aprovechar mejor nuestro patrimonio y mejorar la forma en que prestamos los servicios públicos”, ha señalado.
Ha reiterado que “hoy ponemos en marcha una infraestructura que va a estar al servicio de Málaga durante muchos años, y lo hacemos con una idea muy clara: que cada decisión, cada euro, cada proyecto sirva para mejorar la vida de los andaluces”.
España ha detallado que la obra, que tendrá una duración estimada de 30 meses, se enmarca en el Plan de Gestión del Patrimonio Público de la Junta, cuyo objetivo es poner en valor el patrimonio de los andaluces siempre pensando en el beneficio de los ciudadanos. “Vamos a sumar un importante activo para Málaga, ahorrando al mismo tiempo recursos que salen del bolsillo de todos”, ha señalado.
El nuevo inmueble permitirá concentrar en un mismo espacio a cerca de 460 empleados públicos –que ahora trabajan dispersos por distintos inmuebles alquilados– procedentes de la Delegación Territorial de Agricultura, la Agencia Pública de Agricultura y Pesca (Agapa), el Servicio de Ordenación del Territorio de la Dirección Territorial de Fomento, la Dirección Territorial de Desarrollo Sostenible y el Servicio de Bienes Culturales de la Dirección Territorial de Cultura.
“Y nos va a permitir ahorrar más de 1,7 millones de euros cada año en alquileres, por lo que podemos afirmar que en un tiempo relativamente corto esta sede se habrá amortizado, es decir, se habrá pagado sola”, ha recalcado.
El proyecto se levantará sobre una parcela de 2.871 metros cuadrados, que anteriormente albergaba el antiguo laboratorio de control de calidad de la edificación, y contará con dos espacios diferenciados.
El primero de ellos será un inmueble de nueva construcción, con una fachada fotovoltaica para garantizar las máximas prestaciones de eficiencia energética y ocho plantas de altura, que estará destinado a dependencias administrativas y parking, y un segundo enfocado a espacios y salas de usos múltiples que se adaptará al edificio ya existente.
Para la consejera, el nuevo edificio representa “la excelencia que la Junta busca en su gestión”. “Queremos hacer que todo funcione mejor, que nuestros profesionales trabajen en mejores condiciones, que los ciudadanos tengan una atención más ágil y sencilla, y que el dinero público se gestione con responsabilidad”, ha apostillado.
Al respecto, España ha hecho balance del Plan de Gestión del Patrimonio desarrollado por la Consejería de Economía, que ha permitido entre otras cosas conocer con exactitud el catálogo de inmuebles propiedad de la Junta y que el gasto en alquileres de sedes administrativas se elevaba nada menos que hasta los 60 millones de euros anuales.
“Cuando llegamos al Gobierno nos encontramos con que ni había siquiera un inventario actualizado, y detectamos solares y edificios en su gran mayoría abandonados o infrautilizados, cuyo mantenimiento costaba a las arcas públicas, a todos los andaluces millones de euros todos los años”, ha agregado.
Ante ese escenario, ha recordado, “los esfuerzos se centraron en inventariar unos bienes cuyos propietarios no son otros que todos los ciudadanos andaluces” y poner en valor todos aquellos edificios y solares que no se estaban utilizando. Así, la Junta ha ingresado ya 138 millones de euros con las cinco subastas de dichos inmuebles realizadas.
“¿Saben ustedes qué se puede pagar con 138 millones de euros? Por ejemplo, el sueldo de 1.380 médicos, 2.555 profesores, 2.875 maestros o 51.000 plazas de guardería. A esto hay que sumarle que con estas operaciones se ahorra cada año un millón de euros en mantenimiento de estos edificios”, ha indicado.
Asimismo, la Junta acometió la reunificación de espacios administrativos “para frenar el despilfarro en alquileres”. Así, ha dicho, “se recuperaron 70 inmuebles que anteriores administraciones vendieron a un fondo de inversión para a su vez volver alquilarlos hasta 2034 (Operación Holmes), condenando a todos los andaluces a pagar por ocupar los edificios que habían sido propiedad pública”. “Esa operación permitió ahorrar 35,6 millones de euros en alquileres anuales, y unos 100 millones hasta 2034”.
En el caso de Málaga, “se adquirieron inmuebles por un valor de 32 millones de euros y se cada año se van a ahorrar 2,5 millones de euros en alquileres con esta operación, que se suman a los 1,7 millones que ahora se recuperan en concepto de alquiler”.
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