El pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado este miércoles la adjudicación de Málaga no caduca por 9.993.250 euros durante un plazo de cinco años. Este proyecto consiste principalmente en el aprovechamiento de los excedentes alimentarios de hoteles, restaurantes y catering para su distribución entre familias vulnerables, evitando con ello el desperdicio de alimentos. Pero, igualmente, esta iniciativa también acometerá acciones para favorecer la inserción sociolaboral y actuaciones para luchar contra la soledad no deseada.
Por eso, la puesta en marcha del proyecto se ha dividido en tres partes. Así, la Diputación ha adjudicado a la empresa Menexpres SA, por un total de 8.100.000 euros, la recogida y distribución de alimentos de las donaciones efectuadas a Bancosol.
Por su lado, la empresa Upsocial Outcomes Partnerships SL se encargará, por 1.100.000 euros, de la inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión y, por último, Cruz Roja Española asumirá acciones para evitar la soledad no deseada, contando para ello con 793.250 euros.
El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha explicado que Málaga no caduca se llevará a cabo como un contrato de impacto social, en el que el pago se hace en función del éxito y de los resultados obtenidos.
“Es una manera de aportar soluciones diferentes e innovadoras a un problema social, haciendo cosas diferentes a las que se hacen hasta ahora y con la alianza y la implicación de entidades públicas, privadas y sociales”, ha destacado.
El proyecto cuenta con la participación y el apoyo de la Universidad de Málaga, la Junta de Andalucía, la Confederación de Empresarios (CEM), el Banco de Alimentos y colectivos como el hotelero (Aehcos) y el hostelero (Mahos), así como ayuntamientos de la provincia y empresas y entidades.
Este modelo de contrato de impacto social supone que los inversores sociales asumen el riesgo financiero si los objetivos no se cumplen. Además, se experimenta con soluciones innovadoras a problemas sociales, y los proveedores de servicios tienen autonomía en la implementación.
Francisco Salado ha subrayado que será el primer contrato de impacto social que se acometerá en España para abordar un problema tan grave como el hecho de que cada año se tiren decenas de miles de toneladas de alimentos que están en buen estado.
“Este proyecto posibilita que el conjunto de establecimientos del sector de la alimentación pueda efectuar, de manera eficaz y en condiciones seguras, sus donaciones para atender a personas en riesgo de exclusión social”, ha expuesto.
“Además, se hará una intervención interdisciplinar, porque no solo se quieren mejorar las condiciones alimentarias de personas en riesgo de exclusión social, sino también se pretende facilitar su incorporación al mercado laboral y prevenir el riesgo de aislamiento de mayores y personas dependientes”, ha añadido.
El proyecto se gestionará a través de una plataforma tecnológica que pondrá en contacto a todos los intervinientes: administración pública, sector privado y beneficiarios, todo ello con la participación también de Bancosol.
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