La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar la próxima semana a un hombre al que la Fiscalía acusa de un delito de odio por supuestamente insultar de forma constante y denunciar falsamente a los dueños de un bar de la capital por ser extranjeros. Así, solicita que se le imponga un año y medio de prisión.
Según sostiene el fiscal en sus conclusiones iniciales, a las que ha tenido acceso Europa Press, al menos desde octubre de 2021 y hasta verano de 2023, el acusado supuestamente “ha venido molestando” al matrimonio de origen colombiano y dueños del establecimiento, “impidiendo el pacífico desarrollo de su actividad e insultándoles”.
Así, la acusación pública señala que entre otras expresiones e insultos que les decía y con los que les “afectaba en su trabajo diario, eran “extranjeros de mierda, estafadores”, lo que estaba supuestamente motivado “por la animadversión que le despierta su origen extranjero.
El ministerio fiscal indica que la actividad de restauración se desarrolla “con arreglo a los permisos” y apunta que el acusado, que tiene su domicilio en las inmediaciones del local de los perjudicados, “en su afán por interferir en el desarrollo de la normas vigentes, le genera molestias en su labor”.
Así, según precisa, supuestamente ha habido “frecuentes gritos e insultos en presencia de clientes”, tales como “vete a tu país, que nos estás robando” o “sudaca de mierda, que me estás quitando el trabajo”; lo que pretende “generar tumulto” y “avergonzar a los querellantes y por tanto a afectar a su negocio y a su dignidad”.
En paralelo, el acusado desarrolló una intensa labor de denuncia ante distintos organismos oficiales “con la misma intención de perjudicar el trabajo diario de las víctimas, que se veían sometidos a constantes visitas e inspecciones”, lo que para el fiscal “afectaba directamente a su tranquilidad y al desarrollo de su actividad”.
De hecho, señala el escrito provisional, consta que el acusado denunció a los perjudicados ante la Policía Local hasta en 18 ocasiones asegurando que las mesas estaban ocupando toda la acera e impedían el paso o que carecía de licencia, aunque los agentes comprobaron que “estaba todo en regla” y que era “falso”.
Además, en marzo de 2023, el procesado interpuso reclamación ante la Agencia de Protección de Datos afirmando que habían instalado cámaras de vigilancia, pero tras el expediente se concluyó que “no existía infracción”. Igualmente, constan hasta tres escritos ante la Inspección de Trabajo, “sin constancia de ilegalidad alguna”.
Para el fiscal estos hechos suponen un delito cometido ocasión del ejercicio de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas en su modalidad de lesión de la dignidad por motivo discriminatorios en relación al origen nacional, en concurso con otros dos contra la integridad moral –uno relativo a cada perjudicado–.
Así, solicita que se le imponga al acusado un año y seis meses de prisión, además de nueve meses de multa con una cuota diaria de diez euros y la inhabilitación especial para profesión u oficio educativos en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre durante cinco años. Insta a que indemnice a cada uno con 2.000 euros por daño moral.
El juicio está previsto que se celebre en la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga y se ha fijado para el desarrollo de la vista oral el próximo martes, 10 de marzo, según han indicado a Europa Press fuentes judiciales.
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