La Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar desde este lunes, día 11, a los acusados de una presunta trama de fraude fiscal y blanqueo de capitales con la venta de hidrocarburos entre marzo y octubre de 2020, a través de una serie de operativas destinadas a no abonar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Las investigaciones apuntan a un supuesto beneficio ilícito de unos 13,1 millones de euros.
El juicio se celebrará en la Sección Segunda de Málaga en varias sesiones programadas a lo largo de este mes, tras suspenderse en al menos dos ocasiones previamente. La Fiscalía malagueña acusa inicialmente a 15 personas y a una veintena de empresas. El principal procesado es Joaquín P., expresidente del Club de Deportivo Badajoz, y será enjuiciado junto a su hijo.
Según las conclusiones iniciales de la Fiscalía, a las que ha tenido acceso Europa Press, los acusados, “puestos de mutuo y previo acuerdo y con ánimo de enriquecerse injustamente a costa del erario público”, se habrían dedicado supuestamente a la venta de carburantes que adquirían del depósito fiscal a distintos clientes, generalmente, estaciones de servicio.
Para la acusación pública, estos acusados empleaban operativas en esas ventas “dirigidas a no abonar el IVA del 21% en estos casos”, que generaba la venta, “tanto ocultando la cantidad que por ese impuesto deberían ingresar con facturas falsas, como interponiendo sociedades a las que hacían pasar por el obligado tributario que, aunque declaraban el IVA, ni lo pagaban ni tenían bienes para hacerlo”.
Paralelamente “y con vistas a disfrutar de forma impune de tan pingüe beneficio”, el dinero percibido de los clientes finales que pagaban el IVA correspondiente a la venta, supuestamente “lo hicieron desparecer de las cuentas de las mercantiles obligadas para, en distintas operaciones y transferencias, pasarlo a otras controladas por los acusados”, señala el ministerio fiscal.
Así, según se recoge el escrito provisional de esta acusación, habrían adquirido bienes que figuraban a nombre de terceras personas físicas o jurídicas “de manera idónea tanto para eludir las responsabilidades patrimoniales dimanantes del delito como para, previa transformación, disfrutar de las ilícitas ganancias obtenidas con el mismo”.
Las mercantiles usadas estaban radicadas en la provincia de Málaga –en Vélez-Málaga, Torremolinos y en Málaga capital–, además de en Sevilla y Madrid–. La Guardia Civil presentó una denuncia por estos hechos ante la Fiscalía Provincial de Málaga, que interpuso en diciembre de 2020 la correspondiente querella.
La Fiscalía sostiene que la actividad se hizo “de forma organizada y estable” en el ejercicio fiscal 2020 con una operativa planificada y dirigida por uno de los acusados, que tenía un grupo de estaciones de servicio. Para su ejecución se requería “la puesta en marcha de un entramado de empresas que permitiera eludir el pago de los impuestos y disimular el disfrute de los beneficios de su ilícita actividad”.
Para esta actividad, el principal procesado, entonces también propietario del Club de Fútbol Badajoz SAD, tenía la cooperación de otros dos acusados “de su confianza”, dedicados sobre todo a la gestión de las cuentas corrientes y de las diversas mercantiles usadas como pantallas; y de otros procesados, entre ellos el hijo del supuesto cabecilla, que actuaban como supuestos testaferros.
Dice el ministerio fiscal que para poder operar en el mercado de hidrocarburos lo primero que necesitaban los acusados era hacerse con una empresa que estuviera inscrita en el listado de operadores al por mayor de productos petrolíferos, publicado por la Comisión nacional de los Mercados y de la Competencia. A dicho fin, el supuesto cabecilla de la operación adquirió una empresa con esa condición.
Un mes después, el principal acusado y su hijo fueron detenidos por su presunta implicación en el seno de lo que luego fue una causa de la Audiencia Nacional precisamente por fraude de IVA en la venta de hidrocarburos, por lo que no podían figurar al frente de un operador, y, supuestamente, utilizaron a otro procesado, que tenía contacto con la cartera de clientes.
Según explica esta acusación, esta operativa conllevaba el riesgo de que al cruzarse los datos o investigarse las declaraciones “Hacienda se percatara del engaño”, por lo que se creó “una trama que permitía enturbiar la información sobre la identidad del obligado tributario y desplazar la responsabilidad del pago de IVA a cuatro sociedades que se colocaron como intermediarias”.
“Estas sociedades pasaron a realizar la inmensa mayoría de las operaciones de venta de carburantes, pero sólo en apariencia, porque en realidad mantuvo la operativa que venía realizando, de manera que sus compradores acudían –con la agencia de transportes que determinaran– directamente a los depósitos a retirar el combustible que le habían comprado”, dice el fiscal.
Asimismo, señala que en esa “dinámica de confusión de mercantiles, patrimonios y de traspasos de fondos sin razón comercial ni actividad empresarial ni más finalidad que dificultar la trazabilidad del dinero defraudado”, en las investigaciones se observa que en julio de 2020 “fueron a parar a las arcas del CD Badajoz”, gestionado por el hijo del principal acusado, la cantidad de 1,4 millones, consta en el documento de acusación.
Además, se indica que con esta operativa, los acusados “no sólo conseguían derivar las responsabilidades a esas mercantiles”, sino que como “el concierto era el de no pagar el IVA, ese 21% que se ahorraban les permitían vender el combustible a un precio inferior al de mercado, realizando una competencia desleal frente a los operadores que sí cumplieran sus obligaciones tributarias”.
A los acusados se les imputan delitos contra la hacienda pública, falsedad de documento o blanqueo, según el caso. Para el principal procesado se solicita una pena de 15 años y medio de prisión y multa de 45 millones de euros , al acusarle de los tres delitos. Además, se insta a que nueve acusados indemnicen conjuntamente a la Agencia Tributaria en la cantidad de 13.194.212,15 euros.
La Audiencia Nacional ya condenó a Joaquín P., como administrador de hecho de la empresa Carburantes Nafta, por su implicación en otra trama de los hidrocarburos por los delitos de fraude fiscal en los ejercicios 2018 y 2019 y blanqueo de capitales. Dicho tribunal le impuso en total más de siete años de prisión.
