La delegada de Justicia, Administración Pública y Función Local, Teresa Pardo; y el delegado de Salud y Consumo, Carlos Bautista, han presentado a los profesionales médicos el convenio firmado entre la Consejería y el Servicio Andaluz de Salud (SAS) que permitirá agilizar los certificados de defunción en casos de muerte natural y evitar así su judicialización.
En una jornada informativa organizadas en el Colegio de Médicos de Málaga, ambos delegados territoriales han tenido la oportunidad de explicar este acuerdo, publicado ya en el BOJA, con el que se pretende reducir trámites y sufrimiento a las familias cuando no hay sospechas fundadas de violencia ni indicios de criminalidad, han explicado en un comunicado.
Pardo ha explicado que a las familias que sufren “la pérdida de un ser querido, sin indicios de criminalidad, se les añade un mayor sufrimiento al no poder enterrarlos hasta que no se lleve a cabo la autopsia”.
Este acuerdo delimita las competencias de los médicos del SAS y de los forenses de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) para emitir los certificados de defunción según las circunstancias de la muerte.
Se trata de reducir la práctica de autopsias “innecesarias” y entregar los restos mortales de las personas fallecidas por causas naturales a sus seres queridos “en el menor tiempo posible, en aras de una actuación más eficaz y humana”.
En el acto, en el que participaron también el presidente en funciones del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro Navarro; y la directora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Málaga, Esperanza López, los profesionales de la medicina pudieron conocer en detalle los elementos a tener en cuenta por el facultativo para determinar la existencia o no de indicios de muerte violenta o sospechosa de criminalidad.
Asimismo, el convenio establece que los médicos del SAS tramitarán los certificados de defunción en todos los casos de muertes no violentas que se produzcan fuera de residencias de mayores, hospitales privados y todos aquellos centros que cuenten con equipos médicos propios.
En esta misma línea, en todos los casos en los que haya sospechas de muerte violenta, traumática o tóxica deberán comunicarlo a la autoridad judicial.
El delegado territorial de Salud y Consumo, Carlos Bautista, ha señalado que gracias al convenio los médicos del SAS que puedan tener dudas sobre el modo de proceder tendrán la posibilidad de consultar con el médico forense de guardia para poder resolverlas.
“Se trata de un importante soporte para que los profesionales médicos puedan tener contacto directo con los forenses del IMLCF”, ha añadido.
Por su parte, el presidente en funciones del Colegio de Médicos ha explicado que el acuerdo “establece un sistema de cooperación que representa una respuesta clara a las necesidades de médicos, forenses y, sobre todo, de las familias en un momento tan difícil como lo es la pérdida de un ser querido”.
Ha recordado, además, que “su objetivo principal es agilizar, humanizar y optimizar la gestión de los certificados de defunción en casos de muertes naturales no sospechosas de criminalidad, reduciendo la excesiva judicialización y ahorrando sufrimientos innecesarios a las familias”.
El doctor López detalló las dificultades de la muerte judicializada: “No se trata solo de lo que implica la autopsia sino de los trámites burocráticos que conlleva una muerte judicializada que supone pasar por el juzgado para cualquier gestión por parte de las familias o herederos”.
Según datos de la directora del IMLCF de Málaga, en este 2024 se llevan realizadas en la provincia un total de 638 autopsias, de las que 238 fueron realizadas a personas que fallecieron por muerte natural sin sospecha de criminalidad (un 37%).
En 2023 este dato fue algo mayor pues de las 1.105 autopsias realizadas, 390 se practicaron a fallecidos sin indicios de violencia (algo más del 38%).
López ha destacado que “lo ideal sería que las autopsias por causa natural sin indicios de criminalidad se puedan reducir hasta el 20%”, y ha añadido que con este convenio se da respuesta a las demandas de profesionales, forenses y familias: “No se trata solo de lo que implica la autopsia, sino de los trámites burocráticos que supone una muerte judicializada que conlleva a los familiares o herederos a tener que pasar por el juzgado para cualquier gestión”, ha afirmado.
En la publicación en el BOJA del 22 de noviembre el convenio establece una duración de cuatro años prorrogable otros cuatro, y se implantará de forma progresiva en dos fases. En el primer trimestre desde su entrada en vigor se aplicará en los Servicios de Emergencias y Urgencias Extrahospitalarias y en el trimestre siguiente se extenderá también a los Servicios de Urgencia Hospitalarias.
No hay etiquetas para esta entrada.
