El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 19,47 millones de euros –IVA incluido– un contrato para la conservación y explotación de 163 kilómetros (km) de carreteras del Estado en la provincia de Málaga.
La duración de los trabajos es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses, ha indicado el Ministerio en un comunicado.
El contrato está destinado al mantenimiento y conservación de las carreteras del sector número dos, de los cuales 147,285 km son autovía. Así, incluye los tramos autovía A-45 desde el kilómetro 81,28, en el límite provincial con Córdoba, al 142,58, en Málaga ciudad; y autovía A-7 desde el km 922,52, en el límite provincial con Granada, hasta el 983,7, en la ciudad de Málaga, y el ramal de enlace con la MA-24.
También la N-331 desde el kilómetro 102,6, en el límite provincial con Córdoba al 118,39, pasado el aeródromo de Antequera; y desde el 125,6, en Antequera, al 133,135, en el enlace con la A-45; y N-340 desde el km 262,7, en Vélez, al 269,3, en Málaga ciudad; y desde el 296 al 302,68, ambos en Nerja. También se incluyen dos ramales de enlace con la A-7.
El contrato incluye también la rehabilitación del firme de la autovía A-7 entre los kilómetros 953, en Torre del Mar y al 978, en el barrio Miraflores del Palo, en Málaga.
Han explicado que este contrato incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.
REDUCIR EMISIONES
Por otro lado, han señalado que dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación (COEX) de la Red de Carreteras del Estado incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.
En 2022 se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos.
Además, desde 2023, se incluye como criterio de valoración su compromiso, a presentar, durante los seis primeros meses del contrato, un plan de descarbonización con el propósito de alcanzar del balance neutro de carbono a los cinco años desde el inicio del contrato.
De este modo, la empresa adjudicataria se ha comprometido a presentar dicho plan, en el que, la compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o bien, mediante otras opciones.
Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado y se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido este Ministerio: 9 (promoción de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad); 11 (acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles); 8 (contribución al crecimiento económico y el empleo) y 7 (eficiencia energética).
CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE CONSERVACIÓN
Por otro lado, han señalado que el modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red, y optimizar los recursos públicos.
A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Se incluyen actuaciones como: agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.
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