La Fiscalía Anticorrupción en Málaga ha rebajado a dos años de prisión –inicialmente pedía diez años y nueve meses– la petición de pena para el exalcalde de Estepona (Málaga) Antonio Barrientos por el denominado caso ‘Astapa’, sobre la supuesta corrupción política y urbanística en dicha localidad. En total, mantiene la acusación para 37 procesados.
Así se desprende del escrito de acusación definitivo que ha presentado el fiscal encargado del caso desde el principio ante el Tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga que juzga esta causa, iniciada en 2007 y que llegó a tener más de 100 procesados.
Dieciséis años después, en enero de 2023, comenzó el juicio con casi 50 acusados, entre ellos el exalcalde socialista Antonio Barrientos, para el que el fiscal solicitaba entonces una pena de diez años y nueve meses de prisión e inhabilitación para empleo público por 38 años y multa por un delito continuado de falsedad, fraude y malversación, por otro de cohecho, por prevaricación y tráfico de influencias.
Ahora, en sus conclusiones definitivas, que serán expuestas la próxima semana y a las que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal mantiene la acusación por el delito continuado de falsedad, fraude y malversación, por el de cohecho y por el de prevaricación, pero rebaja considerablemente la petición por cada delito hasta un total de dos años de cárcel y nueve años y tres meses de inhabilitación para cargo público.
El fiscal mantiene, como ya hizo en su primer escrito, que se han producido dilaciones indebidas en este procedimiento, pero ahora las considera “extraordinarias”, por lo que insta a que se aplique esta circunstancia que atenúa la pena como muy cualificadas y se rebaje la pena en dos grados.
Asimismo, retira toda petición de indemnización tras haberse apartado como acusación penal el Ayuntamiento de Estepona, que se ha reservado la posibilidad de ejercer acciones civiles en su caso, y “no haber más perjudicados” en esta causa.
En esta causa están procesados otros exresponsables municipales entonces miembros del PSOE y del Partido de Estepona; así como empresarios y funcionarios. En sus conclusiones definitivas, Anticorrupción solicita la absolución de nueve personas para las que retira la acusación y rebaja las penas solicitadas para el resto de acusados.
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