La mujer que denunció a un sacerdote por presuntos abusos a otras cuatro mujeres, tras sedarlas, ha asegurado que el procesado, con el que ha dicho que tenía una relación “de pareja”, guardaba archivos informáticos con fotos y vídeos de supuestas agresiones sexuales a amigas de él, en carpetas con los nombres de cada una de ellas. “No podía creer lo que estaba viendo”, ha dicho, apuntando que recuerda “cada noche” esas imágenes.
La Audiencia de Málaga ha comenzado este lunes el juicio a un cura al que la Fiscalía acusa de presuntamente abusar de varias mujeres con las que tenía una relación de amistad –hay cuatro denunciantes–, tras sedarlas, y también por grabarlas en esos momentos en los que estaban inconscientes. Esta acusación pide inicialmente una pena de 72 años de cárcel.
La primera en declarar ha sido esta mujer, que entre lágrimas ha relatado al Tribunal de la Sección Primera de Málaga que mantuvo durante casi un año una relación con el sacerdote, que no era escondida de cara a algunos amigos de él. Así, ha explicado que convivían en la casa del hombre en Melilla, donde precisamente, en las navidades de 2022-23 ella encontró por casualidad en un cajón todo el material.
“Esas imágenes no me las puedo quitar de la cabeza, tengo pesadillas con eso”, ha asegurado la denunciante, quien ha precisado que recuerda que en las carpetas había imágenes en las que cada víctima estaba “inconsciente”, “completamente muerta”, al estar drogada o sedada, mientras él les realizaba esos actos de índole sexual.
Cuestionada por cómo supo que era el acusado el de los archivos, la testigo ha respondido: “Porque conozco cada lunar de su cuerpo”, a lo que ha añadido que, además, una vez en una conversación “subida de tono” que mantuvieron los dos, él le mandó una foto “de su miembro” donde tiene “una mancha”. “Reconocí que era él”, ha reiterado, además de asegurar que “yo lo quería”.
Ha señalado que hizo una copia de todas las carpetas, que ha dicho “las tenía como un psicópata”, y que abordó lo descubierto con el propio acusado, que reaccionó autolesionándose, lo que, ha dicho, hacía cuando discutían. Ha relatado las presiones que sufrió en ese momento y que intentó en muchas ocasiones informar al Obispado de Málaga, pero, ha dicho, “me sentí abandonada”. “Me cerraron las puertas”, ha indicado, tras lo que denunció ante la Policía.
CONTINUACIÓN DEL JUICIO
En la sesión de este lunes también han declarado las víctimas, pero ha sido a puerta cerrada para preservar su intimidad, así como otra testigo, una segunda supuesta novia del acusado. Aunque inicialmente estaba previsto que el juicio continuara el miércoles, se ha habilitado la sesión de este martes para las declaración que no han dado tiempo este lunes. Está previsto que el acusado declare al final de la vista oral.
Los abogados Alfonso Sell, Jesús Marín y Carolina Jiménez, personados como acusación particular en representación de las víctimas, han indicado que en las imágenes “está probada la identidad de ellas y la identidad de él”, ya que se han hecho pruebas periciales al respecto. “No hay ninguna duda de que sea él”, han dicho, añadiendo que también queda acreditado dónde se han producido esas supuestas agresiones, al estar las fotografías geolocalizadas.
En declaraciones a los periodistas a la salida, han asegurado que las víctimas se han ratificado en una sesión, que ha sido “dura” porque “supone revivir nuevamente un episodio que ha sido especialmente traumático, pero hacía falta porque era necesaria la práctica de esa prueba, que se identificaran, que volvieran a reconocerse y que le reconocieran a él”. “Finalmente se ha llevado a cabo y ya pueden pasar páginas”, ha dicho.
Asimismo, han indicado que sus peticiones de penas coinciden con las de la Fiscalía y han afirmado que uno de los temas a discutir es “la responsabilidad civil subsidiaria del Obispado, que dice que no era sacerdote”. Al respecto, han señalado que los hechos sucedieron siendo ya diácono y después, además de que “las chicas le conocen siempre por esa confianza que les da” esa posición en relación con la iglesia.
También han apuntado que “el Obispado nunca se ha puesto en contacto con ninguna de las afectadas y absolutamente nunca ha pedido perdón” y han señalado que han pedido perdón delante de las cámaras”, lo que consideran “tiene es un valor meramente testimonial”.
El acusado era desde agosto de 2017 párroco de las localidades de Ardales y Carratraca y vicario parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación de Álora. Antes, había pertenecido cuatro años a la orden de los Padres Trinitarios, continuando luego en el Seminario, hasta que fue ordenado diácono y presbítero en junio de 2016 y junio de 2017, respectivamente.
En el ámbito de estos ambientes y actividades de tipo religiosas, entabló amistad con las cuatro víctimas en diferentes fechas. Según señala la Fiscalía en su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, el hombre aprovechaba la relación de “fuerte” amistad y de carácter “íntimo” con las víctimas para realizar estos actos.
Se amparaba en la “confianza” con él y en “la condición de religioso”, que llevaba a que las víctimas frecuente pernoctara en los domicilios en los que residía, algunos vinculados al Obispado. Además, sin que ellas se percataran, supuestamente les suministraba “una sustancia desconocida –con toda probabilidad éxtasis líquido”–, que les hacía sumirse “en una profunda situación de somnolencia” y “no eran consciente de nada”.
Además, dice la Fiscalía, presuntamente grababa y fotografiaba los actos, con una “evidente intención de vulnerar su intimidad”, al hacerlo “sin el consentimiento”. Según el ministerio fiscal, en estas grabaciones se pueden ver los actos que supuestamente realizaba el acusado y permiten también precisar las fechas en que sucedieron.
Por estos hechos, la Fiscalía le acusa de cuatro delitos de abuso sexual y de revelación y descubrimiento de secretos, en ambos casos con carácter continuado, y otros tantos delitos de lesiones. Además de los 72 años de prisión, pide que se le imponga la prohibición de acercarse o comunicar con las víctimas durante diez años y la medida de libertad vigilada por el mismo tiempo.
Asimismo, esta acusación solicita que el acusado pague una indemnización total de 1,2 millones de euros, de forma que abone a cada una de las cuatro víctimas 300.000 euros por las secuelas psíquicas sufridas y los daños morales. Para la Fiscalía, de esas cantidades debe responder como responsable civil subsidiario la Diócesis de Málaga.
