El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha asegurado que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Transportes, “viene actuando de forma urgente en la A7 y en la red de carreteras del Estado para paliar los daños ocasionados por la borrasca que ha castigado nuestra provincia en los últimos días” y ha acusado al alcalde de la localidad malagueña de Estepona, Jose María García Urbano, de “omitir” datos para “engañar a los vecinos”.
Así ha respondido a este ayuntamiento que criticó que el Gobierno “no prevea actuar con urgencia” en la A-7 y que la Dirección General de Carreteras reconoció en una carta que “la actuación que permitiría abordar de manera integral las patologías existentes y mejorar de manera significativa las condiciones de rodadura y seguridad de la vía, no sólo se encuentra pendiente de redacción de proyecto, sino también de una planificación de trabajos y de presupuesto”.
Salas ha indicado que estas actuaciones de mejoras “se vienen haciendo a través de los equipos de conservación y mantenimiento sin descanso desde el primer momento e incluso en condiciones meteorológicas adversas”; y ha precisado que es “una intervención urgente que dará paso a una actuación integral en la A-7 que está en tramitación”.
“Es lamentable que el alcalde de Estepona omita parte de la información que recoge la carta que le remitió la Dirección General de Carreteras para engañar a los vecinos de Estepona”, ha señalado el subdelegado, quien ha explicado que en esa misiva “se le precisa que se viene actuando en todo momento para mantener unas condiciones adecuadas de seguridad vial y de circulación”.
Según Salas, esta información el alcalde de Estepona la “omitió para engañar a la ciudadanía”, punto en el que ha querido aclarar “con total rotundidad que el Gobierno de España está actuando con urgencia en la red de carreteras del Estado por las afecciones meteorológicas”.
“Entendemos que el alcalde de Estepona esté nervioso por los turbios asuntos judiciales en los que está inmerso y trate de lanzar cortinas de humo y desviar la atención. Y entendemos que esté acostumbrado a mentir para tratar de salvar su situación procesal, con una petición de la Fiscalía de cinco años de cárcel por malversación y prevaricación a sus espaldas”, ha dicho Salas, quien cree “inadmisible que use los recursos públicos del Ayuntamiento para engañar a la ciudadanía”.
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