El PP pide al Gobierno que financie la gestión del IMV en Málaga y lo vincule al empleo

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Málaga llevará al pleno de este jueves una moción en la que pide al Consistorio que inste al Gobierno de España a crear una «asignación presupuestaria específica» para las entidades locales que sufragan la gestión técnica del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y a impulsar la vinculación «efectiva y obligatoria» de la prestación a itinerarios de inserción laboral y formación.

Esa partida, sostiene el texto, debe permitir contratar personal especializado «para absorber el incremento del 225% en la carga de trabajo administrativo acumulado entre 2021 y 2025 y evitar el colapso de los Servicios Sociales Comunitarios de Málaga». La segunda petición persigue, según la moción, «garantizar que el objetivo último sea la obtención de un empleo».

El PP mide esa carga en los certificados que los Servicios Sociales municipales emiten y renuevan para que los perceptores mantengan la ayuda, un trámite cuyo volumen califica de «inasumible». Según el documento, en 2025 se elaboraron 2.104 certificados —1.105 iniciales y 999 renovaciones—, un 45,3% más que el año anterior, y el incremento acumulado desde 2021, cuando fueron 647, alcanza el 225,2%.

El grupo municipal afirma que el Ayuntamiento «presta un servicio continuo de orientación, tramitación y atención a requerimientos sin recibir financiación alguna» desde 2020, y atribuye la situación a una «deficiencia en el diseño» de la prestación, a la que suma la «sobrecarga» asumida por las entidades locales y las del tercer sector. Sostiene además que los Servicios Sociales Comunitarios «no pueden asumir la atención de la totalidad de los beneficiarios del IMV» y que su actuación «debe ceñirse exclusivamente a aquellas personas a las que estos servicios hayan emitido el correspondiente certificado».

La moción incorpora una tercera petición: que el Ayuntamiento reclame al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones un informe detallado sobre Málaga capital con el número anual de perceptores del IMV desde 2020, los beneficiarios que se han incorporado de manera efectiva al mercado laboral desde 2022 y los programas de empleabilidad puestos en marcha desde ese ejercicio. El grupo considera también necesario conocer el calendario de los protocolos de coordinación entre los Servicios Sociales y el Servicio Público de Empleo y el grado de implicación que se exigirá a las entidades locales.

En su argumentación, los ‘populares’ sostienen que, aunque el Gobierno presenta sus cifras «como un avance en la cobertura de colectivos vulnerables y en la lucha contra la pobreza infantil», «un análisis de la realidad del sistema revela el fracaso sociolaboral del mismo». Para el PP, «el verdadero indicador de inclusión debería ser la reducción progresiva del número de perceptores gracias a su incorporación al mercado de trabajo», y «la falta de un acompañamiento efectivo ha convertido la prestación, en muchos casos, en una herramienta que perpetúa las situaciones de exclusión». De ahí que reclame «condicionar o vincular la concesión a compromisos concretos de formación e inserción laboral».

Las cifras que maneja el texto proceden de la estadística del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) referida a julio de 2026. En la provincia de Málaga, el IMV llega a 111.199 personas de 37.922 hogares, con una nómina mensual que supera los 21 millones de euros, y 25.545 familias malagueñas perciben el complemento de ayuda a la infancia. En el conjunto de España, la prestación alcanza a 2.682.646 personas en 879.225 hogares.