Los diputados nacionales por el PP de Málaga Mario Cortés y Gema Pérez han afeado el “afán recaudatorio sin fin” del Gobierno de España, al acusarlos de obligar a más de 100.000 malagueños que cobran el paro o el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a hacer la declaración y pagar el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF), algo de lo que hasta ahora “ambos colectivos estaban exentos”.
De este modo, Pérez ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que “metan mano en materia fiscal a los que menos tienen”, subrayando que “es la primera vez que en este país se exige a las personas desempleadas que perciben alguna prestación y a las beneficiarias del salario mínimo que tributen”.
Gema Pérez, que ha criticado que el Gobierno de Sánchez ha subido “93 veces” los impuestos y cotizaciones, “con doce alzas aplicadas ya en lo que llevamos de 2025”, ha indicado que “todos los beneficiarios de prestaciones por desempleo estarán obligados a declarar el IRPF, independientemente de la cuantía percibida, a partir de la campaña de la Renta 2024, que es la que debe presentarse este año”.
Así, ha advertido de la “inquietud” que este trámite está generando entre los propios desempleados, señalando que no presentar la declaración puede suponer la suspensión del derecho a percibir la prestación por desempleo y limitar el acceso a deducciones y exenciones fiscales.
Asimismo, Pérez ha destacado que la subida del salario mínimo que promueve la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, choca con la negativa del Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero, a adaptar el impuesto a la nueva cuantía salarial, “obligando, por primera vez igualmente, a los trabajadores que lo perciben a tributar por él”.
En definitiva, ha aseverado la diputada nacional por el PP de Málaga, “se trata de un nuevo golpe de este Gobierno a las clases medias y trabajadoras, esas a las que Sánchez y Montero dijeron que nunca iban a subir los impuestos”.
Por último, la diputada ha resaltado que las familias y pymes se enfrentan a la cuesta de enero más difícil de la historia reciente por la “voracidad fiscal” del Ejecutivo nacional y la “ausencia de medidas contundentes” para paliar la inflación acumulada en los últimos años.
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