El Pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado inicialmente el proyecto de presupuestos para la institución en 2025 que alcanzan los 459,68 millones de euros en todo el sector público provincial. La propuesta ha contado con los votos a favor del gobierno del PP, y los votos en contra de los grupos de la oposición: Con Málaga, Vox y PSOE.
El presidente de la institución, Francisco Salado, ha puesto en valor que se trata de una cuentas que ponen de manifiesto las prioridades del gobierno provincial, que pasan por las ayudas a los ayuntamientos y a las familias, a las personas más vulnerables y dependientes, la lucha contra la sequía y el cambio climático, las inversiones en los pueblos y, en concreto, en infraestructura y movilidad.
“Son unos presupuestos que consolidan el papel protagonista de la Diputación como gran motor de desarrollo y cohesión de la provincia, y siempre con capacidad de adaptarnos a las necesidades que puedan surgir”, ha dicho el presidente, que también ha enfatizado las previsiones que apuntan a que Málaga se convertirá en siete años en la provincia más poblada de Andalucía.
Tras agradecer “el trabajo coordinado” para hacer frente a los impactos de las dos DANA en la provincia, ha ensalzando el papel de los alcaldes y del servicio de carreteras y de bomberos de la Diputación, y ha recordado que el primer Plan de Atención Económica a los Municipios (PAEM) que se apruebe estará destinado a luchar contra los efectos de la DANA.
El presidente ha dicho que las cuentas para 2025 serán las más inversoras de la historia toda vez que este capítulo aumenta en un 19,5% hasta alcanzar los 71,5 millones; y ha hecho hincapié en destacar que la partida de gasto social es de 88 millones; que se le sigue dando prioridad a las obras hidráulicas, en las que ha destacado que se multiplica por diez hasta los 12,5 millones las obras de este tipo incluidas en la Concertación y que en el caso del programa Aqua Rural (71 municipios menores de 20.000 habitantes) se incorporarán remanentes hasta los 15,5 millones.
El presidente también ha destacado las partidas relativas a infraestructuras y equipamiento, con un aumento en la inversión en la red provincial de carreteras y en el plan Via-Ble de un 38%, hasta los 15,5 millones, y 6,7 millones al plan de asfaltado de vías provinciales. También ha recordado que 2 millones irán al a construcción del centro de biomasa en Yunquera (Proyecto Málaga Viva); 3 millones para el proyecto pionero de acción social Málaga No Caduca; y un millón para continuar con la Senda Laboral.
Francisco Salado ha explicado que, en lo que va de 2024, la Diputación ha transferido a los ayuntamientos un total de 105,5 millones de euros, incluyendo la Concertación, los cuatro planes de asistencia económica municipal aprobados y los proyectos subvencionados.
El grupo de Con Málaga ha hecho una enmienda a la totalidad y ha pedido que los presupuestos se reformulen “incorporando todos los ingresos que sabemos que van a venir”. La enmienda ha sido rechazada. El portavoz de la formación, Juan Márquez, ha insistido en calificar las cuentas como “tramposos y continuistas”.
Para el partido de izquierdas la propuesta de presupuestos es “insuficiente por no cubrir las necesidades de los pueblos y de la gente de Málaga”; es cada vez más dependiente de las transferencias del Gobierno y de la Junta; son unas cuentas “de una institución escaparate”, punto en el que ha criticado las partidas para publicidad y patrocinios; también consideran que la aportación de la Diputación en materia de derechos sociales “es nula”; y, por último, señalan a varios recortes en el Patronato de Recaudación, el Consorcio de Residuos, y otros.
Por parte de Vox, el portavoz Antonio Luna ha expresado que si bien su grupo está de acuerdo en la propuesta de presupuestos de 2025 “en un 80%”, ha anunciado su voto en contra mientras se aborden una serie de alegaciones que el partido presentará de cara a la aprobación definitiva.
Vox ha criticado que la aprobación de presupuestos se haga en sesión extraordinaria y urgente, y ha apuntado a que la Intervención “lleva diez años” advirtiendo que la tramitación de las cuentas debe comenzar antes para “evitar incumplimientos legales” y permitir la fiscalización por parte de los grupos de la oposición.
También ha criticado que el plazo medio de pago a proveedores ha crecido de 61 a 80 días: “No pagamos a los proveedores a tiempo por problemas de organización y de gestión administrativa. Y eso es lo que hay que mejorar”, ha dicho Luna, que ha advertido del “riesgo” que supone no cumplir con la estabilidad financiera.
Desde Vox también han señalado que varios programas de gastos “no se ajustan a las competencias de la Diputación” y que invaden áreas de la Junta o del Gobierno. Ha exigido una revisión urgente de estos programas, y ha advertido de que “destinar fondos públicos a iniciativas que no cumplen con la legalidad no sólo es irresponsable, sino que puede generar conflictos legales y administrativos”.
Por parte del grupo provincial socialista, su portavoz Josele González ha criticado que el debate del presupuesto llegue al Pleno por la vía de urgencia “pese a contar con mayoría absoluta el equipo de Gobierno”. Ha criticado que son unas cuentas que “consolidan el modelo del PP” que, en opinión de los socialistas, consiste en otorgar mayor financiación a los grandes municipios y “maltratar” a los menores de 20.000 habitantes.
“Vemos cómo año tras año hay una menor colaboración en la prestación de servicios; cómo desaparecen las aportaciones al Patronato de Recaudación o al Consorcio Provincial de Residuos; cómo la Diputación no para de subir tarifas a todos los entes consorciados en residuos; o cómo se les suben las cuotas a los municipios miembros del Consorcio Provincial de Residuos. La política presupuestaria de la Diputación se resume en cobrar más a los ayuntamientos por los mismos servicios”, ha criticado González.
El PSOE también ha criticado las partidas para patrocinios “con cantidades millonarias para conciertos y eventos deportivos”; y ha pedido que la Diputación se involucre en el problema del acceso a la vivienda; y ha dirigido al equipo de gobierno la petición de que no sea “paternalista” al condicionar los fondos que envían a los ayuntamientos.
En cuanto a las transferencias a ayuntamientos, el portavoz socialista ha criticado que “en los últimos dos años han recortado el dinero a los ayuntamientos en un 26%”, y se ha referido a “otros “recortes que también afectan a los pueblos”, como el del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), “que pasa de 10 millones en 2024 a 5,7 millones en 2025, un recorte de un 43%”. Asimismo, ha lamentado que el equipo de gobierno no haya tenido en cuenta la propuesta del PSOE para que la Diputación asuma las aportaciones que los municipios menores de 10.000 habitantes hacen al Consorcio de Residuos Sólidos.
Asimismo, ha apuntado que el PP tampoco ha tenido en cuenta la propuesta de convertir la Oficina de Alcaldes en un órgano dirigido a combatir la despoblación.
“Votamos en contra de estos presupuestos por las formas y por el fondo. Por las formas, porque han hecho uso del rodillo de la mayoría absoluta para traer este presupuesto sin contar con nadie y con nada. Y por el fondo, porque estos presupuestos consolidan el modelo político del PP de una Diputación que deja de estar al servicio de los pueblos para priorizar la política de eventos deportivos y conciertos”, ha concluido.
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