El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la ampliación de indemnizaciones aprobada por el Gobierno para las personas fallecidas o con lesiones incapacitantes “por su actividad en defensa y reivindicación de la Democracia” entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978, según expone la nueva normativa. Pero quedan exluidos quienes “hayan pertenecido o pertenezcan a banda o grupos armados terroristas”.
Se trata de una disposición adicional que modifica la Ley 20/2022 de Memoria Democrática para extender esta compensación que antes solo alcanzaba a quienes hubiesen perdido la vida entre 1968 y 1977 –un año menos de lo que establece ahora–, lo que permite incluir como beneficiario al sindicalista malagueño Manuel Jesús García Caparrós, fallecido el 4 de diciembre de 1977 por un disparo de la Policía durante una manifestación por la autonomía plena de Andalucía. También aumenta la cuantía, que la Ley 52/2007 cifró en 135.286,50 euros por fallecimiento y ahora alcanza los 250.000 euros.
Asimismo, el montante por incapacidad se eleva en la reforma aprobada por el Ejecutivo. Se incrementa de 90.191 euros a 180.000 por “incapacidad permanente absoluta” y de 135.286,50 euros hasta los 500.000 euros por “gran incapacidad”. Los afectados que ya percibieran una indemnización en base a la normativa de 2007, podrán solicitar la diferencia.
El dinero está exento de tributación por IRPF y se abonará “directamente a las propias personas” en caso de lesiones y a los hijos y el cónyuge en supuestos de fallecimiento. En caso de que no existieran, la percibirán –en orden excluyente– los padres, los nietos, los hermanos y los hijos de la persona conviviente.
El Gobierno apunta que las compensaciones establecidas en la ley de 2007, apenas alcanzaron “a la cuarta parte de las solicitudes presentadas” y “ha planteado dudas” sobre si “cubrió todos los supuestos” que “puedan considerarse adecuados” para quienes “lucharon por la libertad y la Democracia”.
De ahí que extienda el marco temporal por considerarlo “inferior” al que establece la Ley de Memoria Democrática de 2022, que recoge el reconocimiento a quienes lucharon por la libertad desde el golpe de estado de 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución vigente en 1978.
Las nuevas cuantías se han calculado “teniendo en cuenta el tiempo transcurrido” desde 2007, y “homologándolo con otros regímenes reparadores”, según se recoge en el texto publicado en el BOE.
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