La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Inclusión Social, Juventud y Familias, ha decretado el cierre de una residencia privada de personas mayores en Málaga capital por incumplir la normativa en varias materias, entre otras, las referidas a higiene.
En este sentido han informado fuentes de la Consejería, que han señalado a Europa Press que la decisión de decretar el cierre se ha realizado a instancias de la Inspección de Servicios Sociales de la Delegación Territorial de la Consejería en Málaga.
Además, han señalado que esta residencia privada no tiene plazas concertadas con la Junta, y por tanto corresponde a los familiares de las personas mayores reubicarlas en otros centros residenciales. En este sentido, la Junta informa y asesora a los familiares de los residentes de cara a redistribuirlos.
El abogado que representa a la propietaria del inmueble en el que se ubicaba la residencia, Andrés Francisco Pérez Plaza, ha relatado a Europa Press que, a raíz de la advertencia de vecinos, la dueña del edificio se desplazó al inmuble hace aproximadamente una semana y se encontró con las puertas del mismo abiertas.
“ESPECTÁCULO DANTESCO”
“La propietaria se desmayó”, ha relatado el abogado, que ha calificado como “espectáculo dantesco” la situación en la que encontraron el inmueble y por la que han interpuesto una denuncia en los Juzgados de Málaga por daños dolosos.
“La casa estaba destrozada, pero no destrozada ahora, sino una situación de abandono. El césped y arbustos a alturas de un metro y medio, excrementos en las paredes, humedad en las habitaciones donde habían estado pernoctando hasta hace quince días los ancianos. La piscina era una mosquitera con agua podrida, las cocinas donde se hacían de comer a esos ancianos en estado de putrefacción”, ha señalado.
Pérez Plaza también ha detallado que hace más de diez años que su clienta alquiló el inmueble, de 20 habitaciones, a una mujer para explotarlo como residencia de ancianos, y que fue a raíz de impagos por valor de hasta 84.000 euros, que se dirigieron a la arrendataria y que esta les manifestó su intención de dejar el inmueble y abrir otra residencia.
El abogado hace hincapié en que lo que han encontrado en el inmueble son daños dolosos: “Cuando se ve los boquetes en las paredes, cuando se ve la solería de los cuartos de baño levantada, donde se duchaban las personas mayores y excrementos en las paredes, sanitarios arrancados, la humedad… No me quiero poner en el cuerpo de esas personas mayores que han estado viviendo allí”.
Y añade: “Hemos tenido reuniones con familiares que tuvieron que sacar a sus familiares de allí por la situación que estaban viviendo, porque denunciaban que les pegaban. Hemos hablado también con trabajadoras, una trabajadora en concreto, que nos contó que esta situación venía de antaño. O sea que no es una situación nueva, sino que ya se venía realizando”.
Preguntado por las personas que pudiera haber en la residencia, el abogado afirma que tiene conocimiento de que aún había personas mayores quince días antes de que la dueña accediera a la vivienda y se encontrara con la situación; y en cuanto al número, no puede precisarlo, pero aclara que el edificio tiene 20 habitaciones “y había hasta cuatro camas en ellas”.
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