El diputado provincial de Con Málaga, Juan Márquez, defenderá en la próxima Comisión Informativa Especial de Cuentas de la Diputación de Málaga una iniciativa sobre “los incumplimientos” en materia de estabilidad presupuestaria y pide “garantías” para municipios menores.
Así, Márquez ha aludido a que se ha conocido “los informes de intervención que confirman lo que veníamos denunciando, que no es otra cosa que una gestión económica deficiente que ha llevado al incumplimiento de la estabilidad presupuestaria, la regla del gasto y los plazos de pago”.
Márquez ha criticado en un comunicado que “esto no ocurre por falta de recursos, sino por mala gestión. Mientras la Diputación ha contado con más ingresos que nunca, el equipo de gobierno ha priorizado el gasto en propaganda, en política de escaparate y en el reparto discrecional de recursos, especialmente hacia los municipios mayores”.
“El resultado es claro, incumplimientos, aumento de la deuda y pagos fuera de plazo a proveedores. Pero lo que más nos preocupa son las consecuencias, porque estos incumplimientos pueden derivar en un plan económico financiero, es decir, en ajustes. Y la experiencia nos dice que esos ajustes siempre acaban afectando a los pueblos pequeños y a los servicios públicos. Y eso no lo vamos a permitir”, ha declarado.
Así, ha subrayado que “por eso esta moción no es solo una denuncia, es también una garantía. Exigimos transparencia, participación de todos los grupos y un compromiso claro de que no se recortará ni en municipios menores ni en políticas dirigidas a la ciudadanía, porque la mala gestión de uno no puede acabar pagándola a la mayoría”.
Desde el grupo provincial de Con Málaga han incidido en que los acuerdos planteados proponen, en conjunto, que el equipo de gobierno de la Diputación de Málaga explique “de forma pública y detallada los incumplimientos detectados en los informes de intervención, aclarando sus causas, efectos económicos y posibles consecuencias”.
También reclaman que todos los grupos políticos participen en la definición de “las medidas correctoras necesarias, incluida la posibilidad de elaborar un plan económico-financiero”, y que se adopten “soluciones estructurales para garantizar una gestión económica y presupuestaria ajustada a la normativa, especialmente en materia de estabilidad, regla de gasto y plazos de pago”.
Además, se solicita que cualquier ajuste derivado de estos incumplimientos no afecte a los municipios menores de 20.000 habitantes ni a los servicios públicos esenciales.
Finalmente, se insta a “reorientar la política presupuestaria hacia las competencias propias de la Diputación, priorizando la cooperación municipal, la cohesión territorial y el apoyo a los municipios más pequeños frente a gastos considerados superfluos o de carácter propagandístico”.
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