El Ayuntamiento de Málaga y la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos han suscrito un convenio de colaboración para impulsar la creación de un grupo de ingenieros voluntarios en emergencias que será activado en caso de producirse una emergencia de “dimensiones considerables” que afecte a infraestructuras viarias, hidráulicas, portuarias y aeroportuarias del término municipal de Málaga, así como cualquier otra circunstancia que consideren las partes y “que sean de interés general para la ciudad”.
Así lo ha explicado en una nota el Consistorio, que ha detallado que el concejal delegado del Área de Seguridad, Avelino Barrionuevo, y el decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Juan Manuel Medina, han firmado este acuerdo, que ya fue aprobado por la Junta de Gobierno Local el pasado viernes 18 de octubre.
Según precisa, el objetivo es que profesionales del órgano colegial aporten sus conocimientos técnicos de forma “voluntaria y altruista” en situaciones de emergencias “relevantes”, entendiéndose su actuación como una colaboración y apoyo a los técnicos municipales del Ayuntamiento de Málaga, “a los cuales les corresponderá en último lugar tomar las decisiones que sean necesarias”. De esta forma, se constituirá el Grupo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Voluntarios en Emergencias (Giccpve).
Ha explicado el Consistorio que este convenio se suma a otro de similares características que desde la institución municipal y el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos mantienen activo desde 2020 con el Grupo de Arquitectos Técnicos Voluntarios en Emergencias (Gatve), así como al recientemente suscrito con el Colegio Oficial de Arquitectos para la creación del Grupo Arquitectos Voluntarios en Emergencias (Gave). En virtud de los mismos, profesionales de ambos grupos formaron parte de la expedición desplazada a Valencia en calidad de voluntarios de Protección Civil para colaborar en las evaluaciones de las edificaciones afectadas por la DANA.
El Colegio Oficial de Ingenieros aglutina a profesionales cuya especialización en el ámbito de sus competencias se relacionan con el diseño y ejecución de todo tipo de infraestructuras viarias (carreteras, puentes, canales, túneles, etcétera), hidráulicas, portuarias y aeroportuarias. Desde el Ayuntamiento, han subrayado que su colaboración es de “suma importancia” en caso de una gran emergencia que pudiera afectar a este tipo de infraestructuras, por lo que la suscripción de este protocolo, con vigencia de cuatro años (prorrogable otros cuatro), “se considera de especial interés para coordinar la necesaria colaboración entre ambos organismos”.
PROCEDIMIENTO
El protocolo contempla la intervención de este grupo de voluntarios, coordinados por el Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento, en el supuesto de una emergencia en el término municipal de Málaga como consecuencia de una catástrofe, principalmente de tipo natural (inundación, seísmo, incendio, etcétera), que podría afectar a este tipo de infraestructuras.
El Giccpve se relacionará con el Ayuntamiento de Málaga a través del Servicio de Protección Civil, del cual dependerá para todas las cuestiones que procedan, así como para su puesta en funcionamiento y coordinación. En caso que desde el Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento se movilice a los miembros del Giccpve, este se incorporará al Grupo Logístico de apoyo, especificado en el Organigrama del Plan de Emergencia Municipal de Málaga, para realizar las funciones propias de sus competencias profesionales, y siempre bajo la coordinación del Jefe de Servicio de Protección Civil. Los miembros participantes en situaciones de emergencia o simulacro estarán cubiertos por el seguro que tiene suscrito el Ayuntamiento para el personal voluntario que se integra en el Servicio de Protección Civil.
Para la adecuada formación de los miembros de estos grupos en cuestiones relacionadas con las emergencias, el Consistorio ha indicado que se organizarán cursos, talleres, visitas y simulacros. Estos convenios, que “no comportan obligación ni compromiso económico para ninguna de las partes”, tienen una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable por otros cuatro más.
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