La Alianza contra el Borrado de las Mujeres ha respaldado la decisión judicial de que el asesinato ocurrido la semana pasada en San Pedro Alcántara, en Marbella (Málaga), sea investigado por una sección de instrucción y no por la especializada en violencia sobre la mujer.
La entidad ha argumentado que en este caso no se cumplen las circunstancias objetivas delimitadas por la Ley Orgánica 1/2004, dado que la víctima no se había inscrito con una nueva identidad femenina en el Registro Civil. “La cuestión no es la gravedad del crimen, que debe ser investigado y castigado con toda la contundencia del Código Penal, sino su correcta calificación jurídica”, ha asegurado la organización de mujeres.
De la misma manera, ha insistido en que en este caso “no concurre el presupuesto legal de un hombre que ejerce violencia sobre una mujer que es o ha sido su pareja, ni puede calificarse esa relación como expresión de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres a las que se refiere el artículo 1 ya mencionado”.
Igualmente, ha explicado que existía una relación de pareja entre dos personas del mismo sexo biológico y también del mismo sexo registral. “Estamos, por tanto, ante violencia en el ámbito de la pareja que debe encuadrarse como violencia doméstica, sin perjuicio de la calificación penal concreta de los hechos, pero no estamos ante un supuesto de violencia de género de la Ley Orgánica 1/2004”, ha subrayado.
“NO TODAS LAS VIOLENCIAS SON LA MISMA”
En todo caso, ha destacado que “nombrar correctamente una violencia no significa negar otra” y ha señalado que “todas las víctimas merecen protección y todos los crímenes deben perseguirse”, pero que “no todas las violencias son la misma violencia”.
La entidad ha exigido esa misma precisión para las estadísticas oficiales, con el objetivo de evitar que la inclusión de este caso altere la serie de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. A este respecto, ha instado a las administraciones a contabilizar la violencia sufrida por personas trans mediante datos específicos y desagregados, impidiendo así que se desvirtúe la estadística sobre la violencia contra las mujeres.
La Alianza contra el Borrado de las Mujeres ha alertado de que la exigencia de calificar el crimen como violencia machista se inscribe en un movimiento global para redefinir el concepto de feminicidio. Para ejemplificarlo, la organización ha mencionado la propuesta de ley presentada ante la Cámara de Senadores de México que define como mujer a toda persona que se identifique como tal.
“Esta definición altera el bien jurídico protegido y el sujeto protegido que el feminicidio supone, que no son otras que las mujeres en razón de su sexo”, han apuntado las feministas.
