El grupo municipal Vox Málaga ha presentado una iniciativa para exigir una respuesta “urgente” por parte del equipo de gobierno “ante la situación que atraviesa la disciplina urbanística en la ciudad, marcada por la acumulación de miles de expedientes pendientes, órdenes de reposición sin ejecutar, demoliciones paralizadas y sentencias judiciales firmes aún pendientes de cumplimiento”.
El portavoz del grupo municipal Vox Málaga, Antonio Alcázar, ha explicado que la propuesta surge “a raíz de diversos casos denunciados por vecinos, entre ellos la situación existente en una parcela ubicada en la zona de Junta de los Caminos, en el distrito de Puerto de la Torre, donde desde hace años existen resoluciones municipales dirigidas a restaurar la legalidad urbanística sin que, según la documentación aportada por los residentes, se hayan ejecutado de forma efectiva”.
Así, ha advertido de que “la problemática trasciende un caso concreto y refleja un problema estructural que afecta al conjunto de la ciudad”. “El urbanismo no consiste únicamente en aprobar planes o conceder licencias. También consiste en hacer cumplir la ley. Cuando la Administración deja de hacerlo de manera efectiva, el perjuicio no afecta solamente al territorio alterado, sino a todos los ciudadanos que ven debilitada su confianza en las instituciones públicas”, ha señalado.
Desde Vox han recordado que la disciplina urbanística “constituye una obligación legal de las administraciones públicas y una herramienta esencial para garantizar la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley y la protección del interés general”.
Según ha explicado Alcázar, “la eficacia de la acción municipal no puede medirse únicamente por el número de expedientes iniciados o resoluciones dictadas, sino por la capacidad real de la Administración para ejecutar sus propias decisiones”.
“No basta con incoar expedientes o aprobar resoluciones administrativas. La verdadera eficacia de la disciplina urbanística solo existe cuando la legalidad alterada se restablece de manera efectiva”, ha afirmado.
Al respecto, ha agregado que “cuando una administración tarda años en ejecutar sus propias resoluciones, o incluso resoluciones judiciales firmes, se produce una grave quiebra de la confianza ciudadana en las instituciones y se transmite el mensaje equivocado de que incumplir la normativa puede resultar más rentable que respetarla”.
Por otro lado, el grupo municipal de Vox ha mostrado su preocupación “por los datos conocidos sobre la situación de la Gerencia Municipal de Urbanismo”.
Según han explicado tras las informaciones hechas públicas durante este año, “la ciudad acumularía 12.823 procedimientos pendientes relacionados con infracciones urbanísticas, equivalentes a más de 9.700 expedientes agrupados, además de más de 2.600 actuaciones pendientes de inspección, centenares de procedimientos sin resolver, órdenes de demolición sin ejecutar y 42 sentencias judiciales firmes pendientes de cumplimiento”.
Para Alcázar, estas cifras “reflejan un problema de gestión que requiere una actuación inmediata por parte del equipo de gobierno”. “No estamos ante una simple acumulación administrativa de trabajo. Estamos ante un problema de gestión pública que afecta directamente a la credibilidad de las instituciones y al correcto funcionamiento del Estado de Derecho”, ha apostillado.
“El ciudadano que cumple la normativa urbanística, solicita sus licencias y atiende los requerimientos municipales tiene derecho a exigir que la Administración actúe con la misma diligencia frente a quienes incumplen la ley”, ha subrayado.
También Alcázar ha incidido en “la situación que viven numerosos vecinos que, tras denunciar posibles infracciones urbanísticas, observan cómo transcurren los años sin que las resoluciones municipales produzcan resultados efectivos”.
“La cuestión más preocupante no es la existencia de infracciones urbanísticas, algo que ocurre en cualquier gran ciudad. Lo verdaderamente grave es la situación de indefensión que sufren muchos vecinos cuando comprueban que las resoluciones administrativas no llegan a ejecutarse”, ha explicado.
Ha señalado que “cuando un ciudadano denuncia una actuación presuntamente ilegal, aporta documentación y obtiene una resolución favorable de la Administración, resulta lógico que espere una solución efectiva. Si pasan los años y nada ocurre, la percepción es que el sistema deja de proteger a quien cumple la ley”.
En este punto, Alcázar ha insistido en que “el problema no debe interpretarse como una crítica a los trabajadores municipales, sino como una consecuencia de la falta de planificación política”.
“No cuestionamos la profesionalidad de los empleados públicos. Los datos apuntan más bien a una insuficiente planificación estratégica por parte de quienes tienen la responsabilidad política de dirigir la política urbanística municipal”, ha indicado.
PROPUESTAS
Por ello, ante esta situación, el grupo municipal Vox Málaga propondrá una batería de medidas destinadas a “recuperar la eficacia de la disciplina urbanística y garantizar el cumplimiento efectivo de las resoluciones administrativas y judiciales”.
Entre las propuestas destaca la ejecución urgente de la resolución firme relacionada con el expediente abierto en la zona de Junta de los Caminos, siempre que la acción no haya prescrito legalmente. En caso contrario, Vox solicita la apertura de un nuevo procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística.
De igual modo, reclaman la elaboración de un informe extraordinario sobre la situación real de todos los expedientes urbanísticos pendientes de ejecución, así como la puesta en marcha de un Plan de Choque específico que permita agilizar las actuaciones acumuladas.
“Málaga necesita recuperar la eficacia administrativa y garantizar que las resoluciones se ejecutan en un plazo razonable. No podemos permitir que miles de expedientes permanezcan años pendientes mientras los vecinos esperan respuestas”, ha afirmado Alcázar.
Ha añadido que “si Málaga quiere seguir creciendo, atraer inversiones, desarrollar vivienda y afrontar los retos urbanísticos de las próximas décadas, resulta imprescindible que la disciplina urbanística funcione con eficacia y que los ciudadanos vuelvan a confiar en que la Administración hará cumplir la legalidad”.
Por último, Vox considera que “la defensa de la legalidad urbanística es una cuestión esencial para el futuro de la ciudad y para la protección de los derechos de los vecinos”.
Alcázar ha recordado que el desarrollo urbano “debe ir acompañado de una gestión eficaz y del cumplimiento de las normas”. “Una ciudad no se construye únicamente aprobando nuevos desarrollos urbanísticos. También se construye garantizando que las normas se cumplen y que los derechos de los vecinos reciben una protección real y efectiva”, ha señalado.
“La confianza de los ciudadanos en sus instituciones depende, en gran medida, de que las administraciones sean capaces de hacer cumplir sus propias resoluciones. Esa es la responsabilidad que hoy exigimos al equipo de gobierno municipal”, ha concluido.
