Un jurado juzga esta semana a un exedil de Benalmádena acusado de desvío de dinero público

Un jurado popular tiene previsto juzgar desde este lunes al exedil independiente de Benalmádena (Málaga) Francisco José Salido acusado de un delito de malversación y otro de infidelidad en la custodia de documentos, junto a otras tres personas. La Fiscalía solicita inicialmente para el exconcejal penas de prisión y de inhabilitación.

Según han confirmado fuentes cercanas al caso a Europa Press, se trataría de la causa en la que se ha investigado un supuesto desvío de dinero de unas subvenciones a una asociación para un comedor social que se remontaría a 2011. De los otros tres acusados, dos pertenecían a dicho colectivo local.

En este caso, el fiscal señala en su escrito provisional, que el entonces edil, como concejal de Bienestar Social, firmó en noviembre de dicho año un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y una asociación para varias actuaciones, entre otras, prestar los servicios de comedor social en el municipio.

El Ayuntamiento se comprometía «a la aportación de subvenciones equiparables a los servicios prestados» mediante transferencia bancaria; y a su vez, se acordaba que tales ayudas «procederían de los beneficios obtenidos por el uso y gestión del recinto ferial de Arroyo de la Miel mediante un mercadillo», dice la acusación pública.

Asimismo, la asociación «quedaba obligada a presentar asiento contable de las subvenciones recibidas y justificación de los gastos imputados a las mismas», según recogen las conclusiones iniciales del ministerio público, a las que ha tenido acceso Europa Press.

Como entonces concejal, el acusado «era responsable de la custodia de la documentación referente a los expedientes y procedimientos correspondientes al área municipal»; mientras que los otros dos procesados eran secretario y tesorero de la asociación, «estando ambos al cargo de los gastos e ingresos del comedor y la llevanza de su contabilidad y evitar eventuales irregularidades».

Según la acusación pública, supuestamente, «los acusados, de manera coordinada y con propósito de procurarse un ilícito beneficio para sí o para terceros, dedicaron cantidades de las destinadas a la financiación de la Asociación Comedor Social para los objetivos preestablecidos, a fines ajenos a la actividad de la asociación».

Y, señala el ministerio fiscal, presuntamente lo hicieron «por varias vías, llegando a abonar a los voluntarios del comedor ingresos análogos a las retribuciones propias de una relación laboral, destinando efectivo para gastos no previstos en los fines de la actividad asociativa».

El escrito inicial señala que en agosto de 2014 la Intervención municipal inició expediente de comprobación del cumplimiento y desarrollo del acuerdo y se «comprobó la falta de aportación de libros contables en que constase el asiento de los importes recibidos», lo que supondría «la falta de llevanza de la contabilidad».

Al respecto, el fiscal indica que se comprobó supuestamente que «de los 324.500 euros recibidos en concepto de subvenciones por la asociación en el período comprendido entre los días 5/01/2012 y 29/04/2012, sólo se habían justificado oportunamente gastos por un importe de 72.933,13 euros, restando 251.566,87 euros sin justificar».

Una vez iniciado el expediente de intervención y solicitadas a la Delegación de Bienestar Social las facturas justificativas del destino de la subvención, el entonces edil y los otros dos acusados «retiraron de las dependencias del jefe de la Unidad de Bienestar Social copias de facturas entregadas» como anexo en la Memoria Justificativa de la Subvención 2011 al 2012 y toda la documentación aportada hasta la fecha como justificación del periodo 2012-2013.

Así, para la acusación los hechos relatados son constitutivos de un delito continuado de malversación, del que acusa a los tres procesados, solicitando para cada uno la pena de cinco años de prisión; y de otro de infidelidad en la custodia de documentos, del que solo acusa al exconcejal, para el que pide otros tres años de cárcel más.

Para Salido pide también cinco años de inhabilitación absoluta, 20 meses de multa a razón de 20 euros de cuota diaria y otros cinco años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Además, insta a que los acusados indemnicen al Ayuntamiento de Benalmádena con 251.566,87 euros.