Los administradores de fincas de Málaga piden al PSOE reformar la Ley de Propiedad Horizontal
El candidato socialista al Senado Javier García León defiende ante el Colegio la mayoría de tres quintas partes de los propietarios para autorizar nuevos pisos turísticos en los edificios
El Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla ha trasladado este lunes al PSOE de Málaga sus propuestas para modernizar la Ley de Propiedad Horizontal, entre ellas que las comunidades puedan celebrar juntas virtuales y que se simplifique la convocatoria de las reuniones.
Su presidente, Manuel Jiménez Caro, se ha reunido con el candidato socialista al Senado, Javier García León, y con el responsable de la Oficina de Defensa de los Derechos de la Ciudadanía del PSOE de Málaga, Ildefonso Ortega. El Colegio ha pedido además una regulación que dé más seguridad jurídica a los profesionales y a las comunidades.
En el encuentro se han tratado también la colegiación obligatoria de los administradores de fincas, la regulación de las cuentas de las comunidades y la necesidad de estudiar cambios fiscales para que las ayudas a la rehabilitación de edificios y a la mejora de su eficiencia energética no penalicen a los propietarios de viviendas habituales.
Los pisos turísticos
Por parte socialista, los dos representantes han defendido los cambios legislativos del Gobierno de España que, a su juicio, «han otorgado mayor capacidad de decisión a las comunidades de propietarios», y han destacado entre ellos el requisito de contar con el respaldo de tres quintas partes de los propietarios para autorizar nuevos alquileres turísticos en un edificio.
Esa medida «supone un avance para que los vecinos y vecinas puedan decidir sobre cuestiones que afectan directamente a su convivencia», ha sostenido García León, que ha recordado que el 80% de la población vive en edificios. «Se hace barrio haciendo comunidad», ha dicho.
El candidato ha trasladado al Colegio la disposición del PSOE de Málaga a escuchar las propuestas del sector para avanzar hacia una legislación «que facilite la gestión de las comunidades» y «proteja los derechos de los propietarios».
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