La Junta traslada también al primer ciclo de Primaria de Benaoján y las familias se encierran

El alumnado del primer ciclo de Educación Primaria del CEIP Nuestra Señora del Rosario de Benaoján se sumará al de Infantil en las dependencias municipales contiguas al colegio, cedidas por el Ayuntamiento, mientras siguen las obras de accesibilidad del centro. Lo ha anunciado la Delegación Territorial de Educación el mismo día en que las familias del alumnado han iniciado un encierro en el Ayuntamiento para reclamar una vuelta a clase segura, según ha informado Adelante Andalucía Ronda en una nota de prensa.

El edificio municipal se ha adaptado para acoger a esos grupos, pero la Delegación advierte de que sus características y dimensiones no permiten ampliar su capacidad para albergar a más escolares, como han demandado algunas familias. El resto del colegio mantendrá su actividad en las zonas habilitadas. La obra en curso es la eliminación de barreras arquitectónicas del edificio —un ascensor, una rampa de acceso y la adaptación de los aseos—, con una inversión de 199.574 euros.

Las familias piden otra cosa. Adelante Andalucía sostiene que las obras se paralizaron durante el verano y que el curso empezó con el colegio en condiciones «imposibles» para el retorno a clase, y afirma que un informe del arquitecto municipal y de los bomberos, fechado el lunes, certifica que el edificio tiene dañada la estructura y que no es seguro para que entren alumnos y docentes. El partido añade que ese mismo día el Ayuntamiento inició la adaptación de un edificio municipal como espacio provisional de clase, mediante una obra menor que incluía el derribo de un muro, y que el alcalde, Guillermo Becerra, la detuvo horas después. Según la nota, las familias se plantean emprender acciones judiciales.

La formación reclama al delegado territorial de Educación en Málaga, Miguel Briones, «una solución real al problema» hasta que un informe acredite que el colegio puede volver a utilizarse, y su diputado Luis Rodrigo ha trasladado su apoyo a las familias. En la fotografía difundida con la nota, los encerrados sostienen carteles con lemas como «La seguridad de nuestros niños no se negocia» o «Miguel Briones, dimisión».

La Delegación sostiene que el centro puede seguir en uso. Entre las medidas de los últimos días ha detallado una valla de obra de chapa perfilada anclada al suelo, que separa la zona de trabajos del espacio por el que transita el alumnado, y un cerramiento interior de pladur —placas de yeso laminado— que cierra el paso a la obra en la planta baja y protege del polvo. La Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), el organismo autonómico que ejecuta las obras en los centros, ha emitido este martes un informe que concluye que existen las condiciones de seguridad necesarias para mantener el uso educativo del colegio en las zonas habilitadas, de forma compatible con las obras en marcha.

Briones ha recorrido el centro con el gerente de la APAE, Kader Miguel Djebbour, el equipo directivo y el alcalde, y después se han trasladado al Ayuntamiento, donde varias familias esperaban para conocer el resultado de los últimos informes. La Delegación ha añadido que ha intentado «por todos los medios», sin conseguirlo, que los representantes del Ayuntamiento participaran en las reuniones de coordinación de este martes, y afirma que mantiene abierto el diálogo con las familias y con el Consistorio.

El curso arrancó ya con el colegio a medias: la Delegación informó el 10 de septiembre de que las clases habían empezado con los grupos de Infantil reubicados en el local municipal, con vallado de seguridad en los patios y en el pasillo de la planta baja y con el forjado sanitario —la estructura que separa del terreno el suelo de la planta baja— apuntalado, y de que la dirección facultativa de las obras había emitido un informe favorable al uso escolar del centro.

El asunto llega este miércoles al pleno de la Diputación de Málaga. El PSOE ha registrado una moción sobre los 130 alumnos que, según el grupo socialista, afrontan el inicio de curso sin poder utilizar con normalidad el colegio, en la que pide la implicación económica de la institución provincial mientras se completan los trabajos y un módulo provisional para el alumnado.