Dos investigados en Benaoján por blanquear huesos de cerdo con agua oxigenada industrial

La Guardia Civil investiga a la dueña de una empresa cárnica de Benaoján y al encargado de la planta por usar peróxido de hidrógeno al 50%, un agua oxigenada de uso industrial, para blanquear huesos y espinazos de cerdo. Los dos están investigados como presuntos autores de delitos contra la salud pública y de falsedad en documento privado, y las diligencias las tiene el Tribunal de Instancia de Ronda, en sus Servicios Generales-Instrucción, según ha informado este martes el instituto armado en un comunicado.

La investigación, llamada operación «Redox», la ha llevado el Seprona de la Comandancia de Málaga con los servicios de control sanitario de la Junta de Andalucía. Empezó en diciembre de 2025 con la inspección de una nave que funcionaba de forma clandestina, sin las licencias necesarias. Estaba junto a otra nave que sí tenía autorización oficial y, según la Guardia Civil, se usaba para desviar la producción y enmascarar la mercancía adulterada antes de devolverla al mercado.

En la inspección, los agentes encontraron carne almacenada sin refrigeración y género en el suelo, entre fluidos y suciedad.

Un producto prohibido en alimentación

Según los análisis, los investigados sumergían los huesos en la solución de peróxido, cuyo uso en el sector alimentario está expresamente prohibido. Los informes del Grupo de Periciales de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil y de la Junta advierten de que el hueso, muy poroso, absorbe el químico, con un riesgo alto de quemaduras severas y de daños corrosivos en el tracto digestivo de quien lo consuma. La pérdida de la cadena de frío provocó además una grave contaminación microbiológica de los productos.

El rastreo del químico reveló que la titular de la explotación llegó a comprar 45.830 kilos de esta sustancia entre febrero de 2025 y junio de 2026.

Ante lo que la Guardia Civil describe como una «amenaza para la salud pública», la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Málaga decretó el cierre inmediato de las instalaciones y ordenó intervenir y destruir 30.530 kilos de carne y huesos contaminados.

A los dos investigados les ampara la presunción de inocencia.