Con Málaga critica que el PP lleva «años incumpliendo la obligación legal de la inspección técnica de la antigua cárcel»

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha criticado «la gravísima dejación de funciones del equipo de gobierno del Partido Popular» después de que «una respuesta oficial de la Gerencia Municipal de Urbanismo confirme que el Ayuntamiento de Málaga no realizó ni en 2011 ni en 2021 la Inspección Técnica de Edificios (ITE) de la antigua cárcel y prisión provincial de Cruz de Humilladero, a pesar de tratarse de un edificio histórico de titularidad municipal y de existir una obligación legal expresa recogida en la propia ordenanza municipal».

Morillas ha explicado en un comunicado que «la respuesta oficial remitida a Con Málaga por la Gerencia Municipal de Urbanismo reconoce literalmente que ‘no se ha aportado ITE al Servicio de Conservación y Arqueología ni en 2011 ni 2021’, por lo que el inmueble ha sido incluido ahora en los encargos anuales para su cumplimentación».

En este punto, ha recordado que «la normativa municipal obliga a realizar la ITE a los edificios con más de 50 años de antigüedad, precisamente para garantizar la seguridad, conservación y correcto mantenimiento de los inmuebles, especialmente cuando poseen valor patrimonial e histórico como ocurre con la antigua prisión provincial de Cruz de Humilladero».

«Estamos hablando de un edificio histórico, patrimonio de todos los malagueños y malagueñas, que además ha estado durante años en una situación de abandono evidente. El PP ha incumplido su propia ordenanza municipal y ha actuado con una irresponsabilidad absoluta al no realizar las inspecciones técnicas obligatorias ni en 2011 ni en 2021», ha señalado Morillas.

Desde Con Málaga consideran «especialmente grave» que el Ayuntamiento 2haya permitido esta situación mientras avanzaba en los planes de cesión y privatización del recinto».

Para Morillas, este extremo «evidencia el deterioro y la falta de mantenimiento que ha sufrido el edificio durante años bajo la gestión del Partido Popular» y ha exigido al equipo de gobierno «transparencia absoluta sobre el estado real de conservación de la antigua prisión provincial y sobre las responsabilidades políticas derivadas de este incumplimiento continuado de la norma municipal».