El juzgado manda a juicio al alcalde de Estepona por la contratación de una eventual

La plaza número 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estepona ha acordado abrir juicio oral contra el alcalde, José María García Urbano (PP), por un presunto delito de prevaricación en concurso con otro de malversación. La causa gira en torno a la contratación en el Ayuntamiento, durante 46 días de 2023, de una mujer que, según la acusación, no llegó a trabajar. Ella también irá a juicio.

El auto, al que ha tenido acceso Europa Press, declara competente a la Audiencia de Málaga para celebrar la vista. La apertura de juicio oral no es una condena: significa que el caso pasa de la instrucción al tribunal que lo juzgará, y a García Urbano le ampara la presunción de inocencia.

El juez razona que, una vez pedida la apertura por el fiscal o una acusación, la Ley de Enjuiciamiento Criminal le obliga a acordarla «salvo los supuestos de sobreseimiento, que no concurren en el presente caso». La pidieron la Fiscalía y dos acusaciones, una de ellas en nombre del PSOE.

Lo que piden las acusaciones

La Fiscalía de Málaga reclama un año y once meses de prisión y cinco años y once meses de inhabilitación para empleo o cargo público para el alcalde, por un delito de prevaricación cometido por autoridad en concurso medial con otro de malversación. Es la petición de su último escrito: en enero pedía cinco años y medio de cárcel. Para la mujer ha hecho el camino contrario y ha subido de tres años y medio a cuatro años y medio.

El PSOE pide cinco años y medio de cárcel y diez de inhabilitación para García Urbano, por prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, y dos años de prisión para la mujer por malversación. La tercera acusación sólo se dirige contra el regidor.

Según el fiscal, el alcalde nombró funcionaria eventual, por un decreto de Alcaldía del 13 de febrero de 2023, a una mujer con la que mantenía una «relación sentimental», «a sabiendas de que nunca iba a desempeñar actividad laboral alguna». Cesó el 31 de marzo. En ese tiempo cobró 1.634 euros de febrero y 3.642 de marzo, de los que, según el ministerio público, se «apropió» «sin contraprestación alguna, con el consiguiente perjuicio para el patrimonio municipal».

El escrito recoge que, ya iniciado el procedimiento, el alcalde ingresó en la Tesorería Municipal los 5.276 euros que ella había cobrado y, en junio de este año, otros 2.589 por las cotizaciones a la Seguridad Social, «salvándose así todos los gastos generados».

La defensa

García Urbano ha reiterado su «plena confianza» en la justicia y su deseo de que el juicio se celebre «lo antes posible para demostrar que no se ha cometido ningún delito ni irregularidad en relación con la contratación de una persona como cargo de confianza».

Su defensa sostiene que durante la instrucción se aportaron informes del departamento municipal de Recursos Humanos «que acreditan las funciones propias de este puesto y los servicios efectivamente prestados», y testimonios «que corroboran su asistencia al Ayuntamiento y el trabajo que desarrollaba», una presencia que, según esta parte, también consta en las diligencias.

Los letrados atribuyen el origen de la causa a lo que esa mujer declaró como testigo en otro procedimiento contra el alcalde, archivado de forma firme por la Audiencia Provincial, y añaden que una denuncia posterior suya por los mismos hechos «también fue archivada definitivamente». A su juicio, el caso «forma parte de una estrategia de desgaste político y personal» contra el alcalde.

La presión política

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Estepona, Emma Molina, recordó en octubre que el reglamento del PP contempla la expulsión de los militantes cuando se abre juicio oral, y su grupo ofreció sus concejales al PP para una moción de censura contra García Urbano. El equipo de gobierno respondió entonces que se trata de una «inadmisible e injusta campaña política contra el alcalde».