La candidata de Vox por Málaga a las elecciones andaluzas, Yolanda Gómez, ha mantenido este miércoles una reunión con la Asociación de Propietarios contra la Inseguridad Jurídica y con afectados por la okupación de viviendas, donde ha criticado la “indefensión que sufren miles de propietarios por culpa de las políticas de vivienda impulsadas por PSOE y PP”.
Tras el encuentro, Gómez ha advertido de que “cada vez hay más miedo y cada vez hay menos viviendas disponibles” debido a unas leyes que, a su juicio, “protegen a los delincuentes y castigan a los propietarios”.
La candidata de Vox ha señalado que en la provincia de Málaga existen “más de 1.200 viviendas ocupadas ilegalmente, una situación que ha relacionado directamente con la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2023”. “Tenemos una ley que facilita la okupación, que castiga a los propietarios y que genera una enorme inseguridad jurídica”, ha apostillado.
Asimismo, Gómez ha criticado la gestión de la vivienda pública por parte de la Junta de Andalucía, asegurando que “más del 5% de la vivienda pública andaluza está ocupada ilegalmente”. “Solo en Málaga capital hablamos de 270 viviendas públicas ocupadas ilegalmente. Ni siquiera el Gobierno andaluz controla ni protege sus propias viviendas públicas mientras hay familias esperando una vivienda”, ha criticado.
Durante su intervención, la candidata de Vox ha defendido una batería de medidas para “proteger la propiedad privada y devolver la seguridad jurídica a los españoles”.
Entre ellas, ha destacado la derogación de las leyes de vivienda que “favorecen la okupación, impedir el empadronamiento de los okupas y ofrecer asesoramiento jurídico a los propietarios afectados”.
Además, Gómez ha apostado por “prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales y vivienda pública, liberar suelo para aumentar la construcción de viviendas y reducir la fiscalidad vinculada a la vivienda”. También ha propuesto avales públicos “para facilitar a los jóvenes el acceso a su primera vivienda y una fiscalidad diferenciada para compradores extranjeros no comunitarios”.
“Lo que nos jugamos el próximo 17 de mayo es seguir con leyes que desprotegen al propietario o apostar por un Gobierno que defienda la propiedad privada, garantice la seguridad jurídica y ponga en primer lugar a los españoles”, ha concluido.
