Agentes de la Policía Nacional han resuelto el incendio acontecido en Estepona (Málaga), el pasado 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen. Durante la procesión, una bengala lanzada desde el mar, llegó a alcanzar unas oficinas de uno de los edificios del Paseo Marítimo causando daños y poniendo en peligro a sus residentes, los cuales fueron evacuados hasta el día siguiente.
El investigado, tuvo que recibir asistencia médica al producirse quemaduras en las manos mientras manejaba el fuego artificial. La cuantía de los daños podría ascender a los 100.000 euros, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.
En medio de lo que se planteaba como una jornada festiva, y antes de la media noche –justo en el momento de desembarque de la Virgen–, una bengala salió disparada desde una de las embarcaciones que estaban en ese momento en el mar.
La misma sobrevoló a la multitud que estaba en la playa viendo la procesión, atravesó el paseo marítimo y llegó a introducirse en una de las oficinas de un edificio situado en pleno paseo marítimo.
Además, debido al impacto, al humo y a los gases desprendidos tuvieron que intervenir los bomberos, quienes sofocaron las llamas y junto a agentes de la Policía Nacional y Local desalojaron inmediatamente a los moradores del edificio. Alrededor de 30 personas tuvieron que pernoctar fuera de sus casas hasta el día siguiente.
Así, agentes incardinados en la Comisaría Local de Estepona, pertenecientes a Seguridad Ciudadana, se desplazaron al puerto deportivo para localizar la embarcación y al presunto autor de los hechos. Esta gestión, así como la localización de varios testigos por parte de la Brigada Local de Policía Judicial posibilitaron la plena identificación del autor, el cual además resultó herido por quemaduras en las manos cuando manipuló la bengala.
Desde la Policía han destacado que lo sucedido provocó daños que alcanzan los 100.000 euros, no habiendo causado heridos entre la población.
El investigado deberá responder a un delito grave de incendio y a los daños causados, en un procedimiento judicial que podría conllevar una condena en la que tenga que resarcir a los residentes del edificio afectado, a la titular de la oficina dañada e, incluso, al abono de los servicios que fueron necesarios para apagar y extinguir el fuego, así como la atención a las víctimas.
