El tercer Plan de Asistencia Económica Municipal (PAEM), dotado con 34,5 millones, declarar a la Guardia Civil, Policía Nacional y resto de cuerpos policiales profesión de riesgo, así como la finalización de las obras y apertura del centro de participación activa de personas mayores de Antequera, incrementar el presupuesto a la convocatoria de ayudas para la adaptación funcional de viviendas, y un esquema extraordinario de ayudas “para evitar el colapso social y la asfixia de los pequeños municipios”, son algunas de la mociones que se debatirán en el pleno de la Diputación de Málaga.
Así, el grupo provincial ‘popular’, según ha explicado el portavoz, Cristóbal Ortega, llevan una moción sobre la exención del IRPF de las ayudas extraordinarias al sector agrario, la defensa del campo malagueño y andaluz y la agilización de las medidas de apoyo al sector primario; otra sobre la declaración de la Guardia Civil, Policía Nacional y resto de cuerpos policiales como profesiones de riesgo, así como el tercer PAEM.
Sobre la moción urgente relativa a la exención del IRPF, Ortega ha destacado el apoyo de la Junta a este sector agrario y ha explicado que, entre otros, en la iniciativa instan al Gobierno “a aplicar la exención del IRPF a los cerca de 700 millones de euros de ayudas extraordinarias concedidas por la Junta al sector agrario y ganadero, en igualdad de condiciones con las ayudas estatales aprobadas por el propio Ejecutivo central, garantizando que dichas ayudas lleguen de forma íntegra a agricultores y ganaderos afectados por fenómenos meteorológicos adversos”.
Por su parte, el diputado Manuel Marmolejo ha detallado sobre la moción para la declaración de profesiones de riesgo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que la “seguridad pública constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho y de la convivencia democrática”.
“Miles de hombres y mujeres pertenecientes a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y al resto de cuerpos policiales desempeñan diariamente su labor en condiciones de extrema peligrosidad, afrontando situaciones vinculadas al narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado, la violencia callejera y todo tipo de actuaciones que ponen en riesgo su integridad física e incluso su vida”, ha incidido.
Asimismo, ha recordado lo ocurrido recientemente en Huelva con la muerte de dos guardias civiles mientras participaban en una operación contra el narcotráfico o lo de hace unos dos años en Barbate y ha incidido en que “resulta inadmisible calificar la muerte de agentes que se juegan la vida persiguiendo narcotraficantes con la expresión de un ‘accidente laboral'”.
Entre otros, el PP insta al Gobierno “a reconocer de forma inmediata” profesiones de riesgo y solicita “la aprobación urgente de los coeficientes reductores necesarios que permitan anticipar la edad de jubilación de estos profesionales en condiciones dignas y justas”.
PLAN ECONÓMICO
Por su parte, la diputada de Economía, Hacienda y Administración electrónica, María del Carmen Martínez, ha informado del tercer PAEM, que irá a pleno y que contará con 34,5 millones de euros –procedentes de los remanentes de tesorería del año 2025–, destinados a las localidades de forma incondicionada.
El objetivo, ha dicho “es potenciar los recursos de estas entidades en la provincia y mantener los servicios públicos”. “Ponemos a disposición de las entidades locales de nuestra provincia 34,5 millones de euros”, ha valorado, al tiempo que ha explicado que “sumado a los dos planes económicos ya aprobados y repartidos y pagados, vamos a poner ya en este primer semestre del año, 65.649.000 euros”.
Ha insistido en que el plan es “totalmente incondicionado, los ayuntamientos decidirán dónde van a destinar este dinero”, por lo que espera contar con la aprobación de todos los grupos para “que rápidamente podamos aprobarlo y ponerlo a disposición”.
AYUDAS PARA ADAPTAR VIVIENDAS
Por otro lado, el PSOE, según ha detallado el portavoz del grupo provincial del PSOE, Josele González, llevan una moción en la que piden incrementar el presupuesto de la convocatoria de ayudas para la adaptación funcional de viviendas.
González ha recordado que la Diputación anunciaba la apertura del plazo de la convocatoria de ayudas para la adecuación funcional de viviendas destinada a personas mayores de 65 años y personas con discapacidad residentes en municipios menores de 20.000 habitantes, con una dotación total de 300.000 euros y ayudas máximas de 4.000 euros por vivienda.
“Cualquier ayuda siempre es positiva, toda medida que permita mejorar la calidad de vida de nuestros mayores merece ser valorada, pero también tenemos la obligación de decir la verdad”, por lo que ha tachado de “insuficiente” la convocatoria para “la magnitud del problema que existe en la provincia”. “No estamos hablando de lujos, estamos hablando de derechos básicos”, ha apostillado.
Entre otros, la moción propone mostrar “rechazo al ridículo presupuesto de 300.000 euros destinado a la convocatoria”, al considerar que “resulta claramente insuficiente para atender las necesidades reales existentes en la provincia” y propone “incrementar mediante la modificación presupuestaria correspondiente la dotación de esta convocatoria hasta alcanzar, al menos, un millón de euros”.
Por otro lado, la moción urgente del PSOE, según ha explicado el diputado Manuel Lara, versa sobre la finalización de las obras y apertura “inmediata” del Centro de Participación Activa de Personas Mayores de Antequera.
Lara ha criticado la situación “absolutamente injusta, inadmisible que están sufriendo” personas mayores y también pequeños autónomos y adjudicatarios vinculados al centro. Entre otros puntos, en la moción critican “la lentitud” de las obras y “la superación del plazo de tres meses recogido en el contrato firmado para su finalización” y proponen instar a la Junta a que, “a su vez, exija a la empresa adjudicataria de las obras del centro a finalizar de inmediato las mismas tal y como está recogido en el contrato formalizado”.
Lara ha incidido en que se trata de un centro de “referencia” y “fundamental” para la vida social y el envejecimiento activo, al tiempo que ha criticado el retraso “intolerable”, ha concluido.
PLAN DE CHOQUE EN SERVICIOS SOCIALES
Por su parte, el grupo provincial de Con Málaga exigirá en el pleno un plan de choque en los servicios sociales comunitarios y fondos finalistas para la aplicación de la Ley de Bienestar Animal.
El portavoz de Con Málaga, Juan Márquez, ha incidido en que las iniciativas están orientadas “a blindar el escudo social de la provincia y a evitar la quiebra técnica de los pequeños ayuntamientos”. Además, ha criticado “a inacción de la Diputación ante dos realidades críticas: las listas de espera en atención social y las costosas obligaciones impuestas por la normativa de protección animal”.
Márquez ha alertado de “la urgencia” de reaccionar frente a las estadísticas que sitúan la tasa de riesgo de pobreza en la comunidad en un 34,7%”: “Nuestros Servicios Sociales Comunitarios están desbordados. Exigimos duplicar de inmediato las partidas de Ayudas de Emergencia Social y poner en marcha un Plan de Choque que consolide y amplíe el personal de atención directa en las comarcas”, ha apostillado.
Entre otros, Con Málaga plantea que la Diputación de Málaga inste a la Junta “a poner en marcha un Plan de Choque contra la Exclusión Social con financiación extraordinaria, a transferir fondos urgentes para reforzar los Servicios Sociales Comunitarios mediante nuevas contrataciones”.
Por otro lado, respecto a la moción urgente piden que la Diputación habilite con urgencia una convocatoria extraordinaria de subvenciones para municipios de menos de 20.000 habitantes destinada a cubrir los costes derivados de la Ley de Bienestar Animal, entre otros puntos.
