El grupo municipal Vox Málaga llevará a la próxima Comisión Ordinaria de Derechos Sociales, Vivienda, Participación Ciudadana y Cultura una moción para reclamar “un refuerzo integral de los mecanismos de control económico, transparencia y fiscalización en todos los organismos culturales dependientes del Ayuntamiento de Málaga”, tras “las incidencias detectadas por la Intervención General en distintos entes vinculados al Área de Cultura y Patrimonio Histórico”.
El portavoz del grupo municipal Vox Málaga, Antonio Alcázar, ha señalado que la iniciativa “pone el foco en diversos informes técnicos emitidos por la Intervención Municipal relativos a organismos como la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal Picasso y la Orquesta Filarmónica de Málaga, donde se advierten deficiencias en materia de contratación pública, control de ingresos y supervisión económica”.
Según Vox, “los informes de control financiero reflejan incidencias reiteradas en el uso de contratos menores, señalando la falta de justificación suficiente en determinados expedientes y cuestionando la ausencia de planificación y concurrencia competitiva”.
Además, Vox advierte de “posibles supuestos de fraccionamiento contractual en adquisiciones vinculadas a sistemas de climatización y deshumidificación para equipamientos museísticos municipales, una práctica expresamente prohibida por la Ley de Contratos del Sector Público cuando se utiliza para evitar procedimientos ordinarios de contratación”.
“El dinero público destinado a cultura debe gestionarse con el mismo rigor, transparencia y control que cualquier otra área municipal. La cultura no puede convertirse en un espacio inmune a la fiscalización”, ha declarado Alcázar.
Por otro lado, ha explicado que la moción también recoge las “incidencias detectadas en la gestión económica de la Orquesta Filarmónica de Málaga, donde la Intervención General señala deficiencias en el control de derechos pendientes de cobro y en la supervisión de los ingresos derivados de actuaciones y venta de entradas”.
Al respecto, Vox alerta “de la inexistencia de mecanismos suficientemente auditables para verificar los ingresos gestionados a través de empresas externas de ticketing, así como de la falta de contratos claramente definidos con algunas de estas compañías”.
“Los malagueños tienen derecho a saber cómo se gestionan los recursos públicos destinados a cultura, cómo se adjudican los contratos y qué controles existen para evitar irregularidades o sobrecostes”, ha añadido Alcázar.
De igual modo, la iniciativa también vincula la necesidad de reforzar los controles “al importante crecimiento presupuestario experimentado por distintos entes culturales municipales durante los últimos años”.
Vox ha recordado que “Málaga Procultura ha incrementado su presupuesto hasta superar los 11,7 millones de euros en 2026 y que el Ayuntamiento mantiene además grandes proyectos estratégicos como el futuro Auditorio o Palacio de la Ópera, cuya inversión prevista supera los 200 millones de euros según distintas informaciones publicadas”.
Por ello, Alcázar ha solicitado “la elaboración de un plan específico de refuerzo del control interno en todos los organismos culturales municipales, la limitación estricta del uso de contratos menores, la implantación de sistemas auditables de control de ingresos y la publicación periódica y accesible de contratos, subvenciones, convenios y patrocinios culturales”.
“ACUERDOS PARA REFORZAR LA FISCALIZACIÓN CULTURAL”
Por último, ha detallado que los siete acuerdos incluidos en la moción contemplan la elaboración de un plan específico de refuerzo del control interno y la fiscalización económica de todos los organismos culturales dependientes del Ayuntamiento de Málaga; la limitación del uso de contratos menores únicamente a supuestos excepcionales y debidamente justificados; y la implantación de sistemas unificados y auditables para el control de ingresos y venta de entradas.
También la publicación periódica y accesible de contratos menores, subvenciones, convenios y patrocinios culturales; la regularización contractual de las empresas externas encargadas de la gestión de entradas; el refuerzo de los mecanismos de transparencia y prevención de conflictos de intereses; y la comparecencia anual ante la Comisión de Cultura para informar de las incidencias detectadas por la Intervención General y de las medidas adoptadas para su corrección.
“Defender la cultura también significa garantizar una gestión limpia, transparente y responsable de cada euro público destinado a ella”, ha concluido Alcázar.
