La coordinadora provincial de IU Málaga y concejala en el ayuntamiento de la capital malagueña, Toni Morillas, ha criticado este lunes la protección que ofrece el PP a los lobbies turísticos e inmobiliarios, que “arruinan la vida a miles de familias trabajadoras”.
Morillas ha hecho referencia a las declaraciones del consejero en funciones de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, en la que anima a rentistas a solicitar indemnizaciones por el fallo del Tribunal Supremo que elimina la obligación del registro único estatal de vivienda turística.
“Se vuelve a evidenciar cómo el Partido Popular es el operador político al servicio de la especulación y del lobby inmobiliario, y se evidencia que es brazo político que está arruinando la vida a miles de familias trabajadoras en la provincia de Málaga”, ha señalado Morillas.
Asimismo, ha explicado que tras esta sentencia del Tribunal Supremo, “hay unas 12.000 viviendas turísticas en la provincia de Málaga que van a volver a operar”. Morillas ha apuntado que esta sentencia “deja claro que hay competencias en la Junta de Andalucía para resolver el problema de la vivienda turística y, por tanto, lo que falta es voluntad política por parte del Gobierno andaluz”.
“También evidencia la actitud y la acción política absolutamente cicatera por parte de la Junta de Andalucía, que sigue sin poner coto ni control a las viviendas turísticas que están operando al margen de la ley en nuestra ciudad y en nuestra provincia”, ha afirmado la edil.
Además, Morillas ha criticado que la Junta de Andalucía solo cancelase 931 viviendas turísticas en la provincia de Málaga, 114 en la ciudad, lo que representa “en torno a un 8% de las que el Ministerio había considerado que debían de ser canceladas”.
Y ha añadido que esto demuestra que “la Junta de Andalucía evita activar los mecanismos de que dispone para poner fin al fraude, para controlar y limitar las viviendas de uso turístico, que tienen un impacto directo en el crecimiento del precio de la vivienda en nuestra ciudad y en nuestra provincia”.
Además, Morillas cree que esta sentencia también ha podido generar “cierto alivio y autojustificación” en el Partido Socialista, que dice, sigue sin mostrar “una voluntad política real de resolver la emergencia habitacional y el proceso de exclusión residencial que está expulsando a miles de malagueños de sus barrios y de sus ciudades”.
“En Málaga capital se ha incrementado el precio del alquiler en los últimos tres años en más de un 31%. Hay un 79 % de andaluces y andaluzas que coinciden en la necesidad de limitar y regular las viviendas de uso turístico”, ha apuntado la coordinadora provincial.
Y ha remarcado que cuentan con “un amplio consenso social cercano al 80% de los andaluces y de las andaluzas que piensan que hay que acabar con esta ley de la selva”.
En esta misma línea, Morillas ha incidido en que desde su partido tienen claro que esta situación tiene que ser respondida prohibiendo los usos especulativos de la vivienda, topando los precios del alquiler y estableciendo una norma autonómica que permita impedir que haya nuevas licencias en zonas tensionadas pero que también introduzca la caducidad de esas licencias.
Desde IU animan a que “de manera masiva” se participe en la movilización que los colectivos sociales, los sindicatos de inquilinas y las organizaciones vecinales, están convocando para el próximo 27 de junio.
“Las militantes de Izquierda Unida volveremos a acompañar a esas miles de malagueños y malagueñas que van a salir a la calle reafirmando que la vivienda no puede costarnos la vida y que las viviendas son para vivir y no para especular”, ha añadido la representante del partido en Málaga.
Asimismo, ha explicado que en la capital hay “un malestar creciente en torno a la vivienda porque se está expulsando a miles de familias trabajadoras que tienen que dedicar más del 70% de sus ingresos al pago de una vivienda, que en muchos casos ni siquiera es suficiente”.
Por tanto, ha dicho, “toca valentía política y toca, sobre todo, determinación y voluntad política para doblarle el pulso a los especuladores y los rentistas y poner la vivienda para lo que tiene que ser”, ha concluido Morillas.
