El exmarido de Lucía Garrido, que fue asesinada en su finca de la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre en 2008, será juzgado por un jurado popular desde el próximo lunes, 4 de mayo, por su presunta relación con la muerte a tiros de dos hombres que entraron en su casa un año después del crimen de la mujer.
Así, el lunes tendrá lugar la selección de los miembros del Tribunal popular y, según el guión del juicio, la vista oral se prolongará durante varios días en las próximas dos semanas; estando prevista la declaración del acusado al final, antes de los informes finales y la entrega del objeto de veredicto.
La Fiscalía considera que el procesado, que fue juzgado y condenado por el crimen de su exmujer, actuó en esta ocasión en defensa propia, mientras que las dos acusaciones particulares y la popular, de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, no comparten este criterio y piden prisión.
Los hechos tuvieron lugar en abril de 2009, un año después del asesinato de la mujer. En este juicio se expondrá que el acusado estaba en su domicilio, cuando los dos hombres, de origen colombiano, acudieron a la finca junto a varias personas no concretadas.
Según los hechos que se analizarán, portaban armas de fuego y el fin era “sustraer una supuesta importante cantidad de droga que ellos creían que guardaba en su interior”. Una de las víctimas llevaba una pistola “en perfecto estado de funcionamiento” y el otro un revólver también correcto para usarlo, así como una maza. Saltaron el muro que rodeaba la finca y accedieron al jardín.
Asimismo, será objeto de enjuiciamiento por un jurado popular si el acusado cogió una escopeta y, en un momento dado, “hubo diversos disparos” por parte de las dos víctimas y también del procesado, que en este caso, habría alcanzado a los dos hombres, los cuales fallecieron como consecuencia de esta acción.
Estos hechos, de quedar acreditados, podrían ser constitutivos de delito de homicidio o, en su caso, de asesinato, y habrá que determinar también si se aprecia alguna circunstancia que agrava, exime o atenúa la pena, como la de legitima defensa, según el fiscal y la defensa, que dirige el letrado Guillermo Smerdou.
La Fiscalía, al igual que la defensa, considera que se trata de dos delitos de homicidio, pero considera que se debe aplicar la circunstancia que eximen completamente la responsabilidad penal de legítima defensa, por lo que considera que no corresponde la imposición de pena de prisión.
Por su parte, las acusaciones particulares, en representación de familiares de los fallecidos, le acusa por delito de asesinato y solicitan penas de cárcel de 25 o 20 años, según el caso, por cada muerte; mientras que la AUGC, personada como acusación popular, eleva esta petición.
