La Diputación de Málaga exigirá la retirada del Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor.
El Pleno ordinario de diciembre de la institución provincial ha aprobado con los votos a favor del PP y de Vox esta propuesta de los ‘populares’ que considera que el decreto produce “un impacto extremadamente a la realidad operativa y funcional de las empresas turísticas, así como en materia de afectación a los derechos fundamentales de viajeros y consumidores nacionales e internacionales relacionados con la vulneración de normativas nacionales y europeas de protección de datos y privacidad”.
La moción del PP también insta a alcanzar una solución “consensuada y satisfactoria con los operadores afectados”, y a “descartar absolutamente cualquier medida o acción gubernamental lesiva, generadora de duplicidades o de carácter ineficiente o también de inviable aplicación”.
La diputada de Desarrollo Económico Sostenible, Esperanza González, ha criticado que “el Gobierno de Sánchez no atienda a razones y, a pesar de la alarma que el decreto ha generado en el sector, clave en la economía de nuestra provincia y en nuestro país, se niega a escuchar a la industria turística, que está poniendo de manifiesto los graves perjuicios que ocasiona este decreto a la competitividad en España”.
Ha puesto el acento en que a partir de ahora los hoteles y los alojamientos turísticos de particulares tienen que facilitar el triple de información, y que las agencias de alquiler de vehículos, más de sesenta datos, y las agencias de viajes tienen que dar una gran cantidad de información de los clientes. Y ha recordado que el PP ha presentado iniciativas en el Congreso y en el Senado para intentar frenar el desarrollo de este Decreto.
Por su parte, desde Con Málaga, el diputado Juan Márquez ha acusado al PP de “ponerse del lado de los poderosos” y de “ignorar la cara B del turismo, el impacto ambiental y social de esta actividad”. “El PP prioriza los intereses del sector turístico por encima de la seguridad ciudadana”, ha agregado.
Por parte de Vox, Antonio Luna, ha expresado el apoyo a la moción y su postura en contra del Real Decreto. “Se están recopilando datos que afectan a la intimidad y a la protección de datos de las personas […] y poner datos de este tipo, este tipo de información en manos del Gobierno de Pedro Sánchez, yo no lo veo lo mejor ni lo más acertado”, ha dicho.
Desde el PSOE, la diputada María Isabel Ruiz, ha calificado de “oportunista y política” la moción del PP y de que solo “sirve para atacar al Gobierno”. Ha recordado que la última normativa al respecto en cuanto a establecimientos hoteleros databa de 1959 y no tenía en cuenta los nuevos modelos de viviendas turísticas o portales web de reserva, entre otros. “Durante el proceso de elaboración de la norma se ha mantenido un proceso de diálogo con el sector turístico, desde 2021, que la norma sale a la luz, hasta la actualidad”, ha defendido.
El grupo socialista también ha puesto en valor que durante el periodo de pruebas del registro se han recopilado 4,8 millones de datos se han localizado a 18.584 personas que figuraban en bases de datos de señalamientos nacionales o internacionales. El PSOE ha votado en contra de la moción por considerar que el PP tampoco ofrece alternativas.
En representación del PP, González ha recordado a Con Málaga que el decreto es especialmente perjudicial para las medianas y pequeñas empresas del sector turístico, y ha hecho especial hincapié en criticar que los datos recopilados vayan a la Fiscalía. “Dejen al turismo en paz”, ha sentenciado.
En la sesión plenaria no ha prosperado una moción del grupo socialista, que han apoyado Vox y Con Málaga, en la que se reclamaban los proyectos pendientes que tiene la Junta de Andalucía en la provincia, y en el que han establecido un intenso debate político el portavoz del grupo ‘popular’, Cristóbal Ortega, y el portavoz socialista, Josele González, en la que el primero ha acusado al del PSOE de traer “una carta a los Reyes Magos” y de “confrontar y no de querer negociar”.
Con una enmienda, sí que ha prosperado por unanimidad la moción del grupo Con Málaga para solicitar una ampliación del Hospital Costa del Sol que redunde en la mejora del servicio sanitario en la comarca.
Otra moción aprobada por el Pleno ha sido la que ha presentado el PP, a través del diputado responsable del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos, Luis Rodríguez, por el que la Diputación insta al Gobierno a derogar la obligatoriedad de la implantación y aplicación de la tasa de residuos en todos los municipios y por el 100% del coste contemplada en la Ley 7/2022, y a que realice un estudio del impacto “que permita definir el coste por servicio”.
La propuesta aprobada tenía como segundo punto instar al Gobierno de España a financiar a los ayuntamientos para crear las infraestructuras necesarias que permitan cumplir los objetivos nacionales y europeos para una economía circular.
No ha salido adelante la moción del grupo socialista que reclamaba a la Junta de Andalucía mayor y mejor atención sanitaria en la Serranía de Ronda con especialistas en el hospital comarcal. Desde el grupo ‘popular’ se ha pedido una enmienda adicional –que no ha sido aceptada por el PSOE– toda vez que, según han considerado, hay un problema estructural en cuanto a la flexibilización de las condiciones para acceder al MIR y que desde el PP se reclama al Gobierno de España.
TRIBUNA DE ALCALDES
En el Pleno, el alcalde de Alfarnatejo, Daniel Benítez, ha defendido desde la Tribuna de Alcaldes el mantenimiento del Consorcio Parque de Maquinaria de la Zona Nororiental. Durante su intervención ha pedido al presidente, Francisco Salado, “un giro de timón para revertir la decisión de la Diputación de separarse del consorcio y para emplazar al presidente del consorcio a archivar el expediente de disolución del ente”.
“Bajo nuestro humilde punto de vista no es así como se defiende la agricultura, no es así como se les facilita su labor a los agricultores, no es así cómo se protege a los trabajadores del campo en los municipios rurales del norte de la provincia, no es así cómo se colabora con los municipios más pequeños de la provincia”, ha expuesto.
“Los pueblos de la zona nororiental también somos parte de esta provincia y merecemos tener las mismas oportunidades de desarrollo y crecimiento. Y la Diputación tiene que ayudarnos, porque esa es su razón de ser y su deber, colaborar y asistir muy preferentemente a los municipios menores de 20.000 habitantes”, ha zanjado al respecto.
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