VOX pide que se devuelvan ya las multas de la ZBE y que el PP diga cuánto costará el proceso
La portavoz adjunta, Yolanda Gómez, atribuye a la «falta de previsión» del equipo de gobierno el gasto de revisar miles de expedientes. El Ayuntamiento anunció el lunes que devolverá 1,38 millones cuando la sentencia sea firme
El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Málaga ha pedido al equipo de gobierno del PP que devuelva «cuanto antes» el dinero cobrado por las multas de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), con los intereses que legalmente correspondan, y que explique cuánto costará a las arcas municipales tramitar esa devolución.
Su portavoz adjunta, Yolanda Gómez, ha advertido de que la gestión «puede generar nuevos gastos municipales, derivados de la revisión de los expedientes, la tramitación administrativa, la dedicación de personal y el abono de los posibles intereses», y lo ha atribuido a la «falta de previsión» del PP. «Queremos saber cuánto va a costar todo este proceso y por qué no se actuó antes para evitarlo», ha dicho.
Gómez ha recordado que su grupo llevaba meses avisando al PP de que tendría que devolver el dinero si mantenía las sanciones. «Sin embargo, siguieron adelante hasta acumular cerca de 50.000 expedientes sancionadores y cobrar alrededor de 1,38 millones de euros», ha afirmado.
VOX defiende que los afectados no tengan que presentar reclamaciones individuales para recuperar lo pagado, y pide al Consistorio que concrete los plazos y el procedimiento de la devolución y que detalle su impacto económico.
La formación ha cuestionado también el volumen de multas. Según Gómez, el alcalde y la concejal de Movilidad han reconocido que en la ciudad no existe un problema grave de contaminación. «¿Se trataba de mejorar el aire que respiramos o de hacer caja con los conductores?», ha planteado.
Lo que ha anunciado el Ayuntamiento
El concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, anunció el lunes que el Ayuntamiento devolverá el dinero de las multas ya cobradas, unos 1,38 millones de euros de unos 13.600 expedientes, y anulará los que siguen en tramitación. Lo hará cuando sea firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, a raíz de un recurso de VOX, anuló los artículos de la Ordenanza de Movilidad que regulan la zona. El equipo de gobierno ha dicho que no la recurrirá, pero sigue abierto el plazo para un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Según Conde, quien haya pagado sólo tiene que facilitar una cuenta bancaria de la que sea titular, en la sede electrónica del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria (Gestrisam) o de forma presencial, y quien tenga un expediente abierto sin pagar no tiene que hacer nada: se dará de baja de oficio. El edil defendió que el Ayuntamiento «nunca ha buscado un afán recaudatorio».
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