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jueves, 19 de noviembre de 2026

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Torremolinos pide a la Sareb comprobar si cuatro pisos de El Calvario siguen habitados antes de desalojar

La alcaldesa, Margarita del Cid, reclama también al Gobierno, porque el Estado tiene la mayoría de la entidad, que busque alternativas si se acredita vulnerabilidad

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha pedido a la Sareb que, antes de ejecutar cualquier lanzamiento en cuatro viviendas del barrio de El Calvario, compruebe si siguen habitadas y si quienes viven en ellas están en situación de vulnerabilidad. Lo ha hecho en un comunicado, ante las informaciones sobre una solicitud de la entidad para reactivar los procedimientos de desalojo de esos inmuebles.

Del Cid considera «imprescindible» esa comprobación previa de «la situación real y actualizada» de las viviendas, y quiere que se haga «con el rigor necesario y, cuando proceda, con la colaboración de los Servicios Sociales municipales». «No se trata de prejuzgar las circunstancias de estos cuatro casos, sino precisamente de conocerlas», ha explicado. «Lo que pedimos ahora es que no se dé ningún paso irreversible sin haber comprobado previamente cuál es la realidad de estas cuatro viviendas».

La alcaldesa ha dirigido también la petición al Gobierno de España, tras recordar que la Sareb está participada mayoritariamente por el Estado: le pide que «contribuya a facilitar este trabajo previo y, en aquellos casos en los que pudiera acreditarse una situación de vulnerabilidad, a buscar alternativas adecuadas».

Los expedientes pendientes

Del Cid enmarca el caso en «los expedientes que quedaron pendientes» de un conflicto que en septiembre de 2025 se resolvió para 21 familias, que firmaron contratos de alquiler social y siguieron en sus viviendas. La alcaldesa atribuye ese acuerdo a la intermediación municipal, con reuniones con los afectados, sus representantes y la Sareb y con el trabajo de los Servicios Sociales: «Demostramos entonces que, con diálogo, voluntad y colaboración entre administraciones, era posible encontrar soluciones».

Aquellos contratos son de siete años y fijan una renta del 30% de los ingresos de cada unidad familiar, según informó entonces el Ayuntamiento. El conflicto había empezado en la primavera de ese año, cuando se conoció que la Sareb iba a traspasar a un tercero viviendas del barrio afectadas por un proceso de ejecución hipotecaria.

«Si existen situaciones de vulnerabilidad, tenemos que conocerlas y trabajar para encontrar una respuesta. Ese es el esfuerzo que estamos reclamando a la Sareb y al Gobierno de España», ha concluido Del Cid.

Esta información procede de agencia. La Voz de Málaga la clasifica y la edita para su publicación.

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