Subdelegado defiende la subida de las pensiones y otras medidas del Gobierno para mejorar la vida de los mayores

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha defendido este miércoles, Día Internacional de las Personas de Edad, el «pleno derecho de las personas mayores al reconocimiento de su autonomía, protección y participación social» y ha destacado que «en el vértice de las políticas del Gobierno de España para mejorar la vida de los mayores no sólo está el notable incremento de las pensiones, sino que además hay una serie de políticas e iniciativas del Ejecutivo para mejorar la vida de los mayores»

«El Gobierno de España trabaja desde hace siete años para «dignificar y fomentar el papel activo en la sociedad de las personas mayores, así como para eliminar el edadismo», ha dicho. «La revalorización de las pensiones es una de las principales herramientas que permite una independencia y autonomía económica y mantenimiento del nivel adquisitivo para que los mayores tengan un papel activo en la sociedad», ha agregado el subdelegado del Gobierno.

En cifras, Javier Salas ha recordado que desde junio de 2018 la pensión media en Málaga se ha incrementado en más de 340 euros mensuales, es decir, un 39,4% más, pasando de los 857 euros en junio de 2018 a los 1.195,30 euros del pasado mes de agosto, nómina que han cobrado 295.001 pensionistas en la provincia. En el caso de las de jubilación, el incremento ha sido de casi 400 euros, «creciendo un 38.7% en estos siete años, lo que garantiza un mayor poder adquisitivo a casi 180.000 personas que han estado trabajando y aportando a nuestra sociedad».

En el caso de otros tipos de jubilación en Málaga, como por Viudedad, Orfandad y Favor de familiares, los incrementos también oscilan entre el 33,7 y el 40%.

También ha defendido que el Gobierno también está impulsando iniciativas para combatir la soledad no deseada y favorecer la participación activa de las personas mayores en la vida social y comunitaria. Programas de envejecimiento activo, actividades culturales y deportivas, así como talleres de capacitación digital ayudan a reducir la brecha tecnológica y facilitan que los mayores estén conectados, participen más y se sientan acompañados.

Dentro de estas medidas, «que avanzan hacia un envejecimiento más digno, activo y saludable», Javier Salas ha valorado el programa Cine Senior, que ya cumple su tercera edición y que facilita el acceso de los mayores de 65 años al cine a un precio de dos euros los martes en alguno de los 11 cines adheridos al programa en la provincia de Málaga.

Además, esta edición amplia su duración hasta junio de 2026, seis meses más que las anteriores. En la primera, en 2023, asistieron a las salas malagueñas 28.950 espectadores sénior, mientras que el pasado año 2024, en su segunda edición, el número de espectadores sénior aumentó hasta 36.665, casi el 27% más.

Además de las medidas dirigidas a las personas mayores que mantienen su independencia y autonomía, Javier Salas ha señalado que «existe otro amplio grupo dentro de este colectivo que se encuentra en situación de dependencia y que requiere otro tipo de apoyo y atención por parte del Gobierno».

En este putno se ha referido a los cuidados, donde ha destacado dos iniciativas. Por un lado, la financiación de la Dependencia, «que en 2024 alcanzó un nivel récord de financiación, con 738 millones de euros, 508 millones más que en 2017», cantidad a la que ha sumado otros 309 millones adicionales de los fondos europeos transferidos a la comunidad andaluza para mejorar la atención en residencias y fomentar la teleasistencia.

«Es necesario que la Junta de Andalucía haga un esfuerzo de inversión similar al del Gobierno de España, y también de gestión administrativa para que Andalucía no siga siendo la comunidad autónoma que más tarda en administrar la Dependencia y en la provincia de Málaga no mueran cinco personas al día en lista de espera y sin que se les haya reconocido su situación de dependencia y por tanto haya accedido a la prestación y a los cuidados necesarios», ha recordado Javier Salas.

Y ha valorado que en 2025 ya se ha acordado la transferencia de otros 147,8 millones de euros, correspondientes al conocido como nivel acordado y destinado a afrontar parte de la financiación estatal del SAAD (Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia).

Javier Salas se ha detenido en este aspecto y ha recordado que la eliminación del «nivel acordado» se realizó siendo secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad el actual presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, «dentro de lo que se denominó medidas de racionalización del sistema de dependencia, que supusieron el mayor recorte en la asistencia y atención a personas dependientes, que afectó también a las cuidadoras no profesionales, desde la puesta en marcha de esta ley».

Y ha apuntado que fue en 2021 cuando el Gobierno de España recuperó este nivel de financiación, aportando una cantidad de 283 millones de euros. «Desde entonces, la inversión estatal en el nivel acordado inició una senda de crecimiento, que lo ha llevado a casi triplicar en la actualidad los fondos destinados a esta partida».

El otro punto al que ha hecho mención dentro del colectivo de mayores dependientes es en los cuidadores, «ya que solo garantizando su bienestar podrán continuar ejerciendo sus tareas de manera digna». Así, ha recordado que «fue en 2019 cuando este Gobierno progresista decidió que los cuidadores no profesionales (en su mayoría mujeres) de beneficiarios de la ley de dependencia pueden suscribir un convenio especial con la Seguridad Social sin tener que pagar ellos las cotizaciones, como venía ocurriendo desde 2013».

«De esta forma, los años dedicados al cuidado de la persona dependiente se integran en la vida laboral de los cuidadores no profesionales y contribuyen a generar derecho a prestaciones como la de jubilación o la de incapacidad permanente», ha añadido.

Ha valorado que desde el Gobierno de España también se han adoptado medidas legislativas importantes para reconocer la edad como motivo legítimo de protección frente a discriminaciones. En este sentido, la Ley para la Igualdad de Trato y No Discriminación, reconoce por primera vez en el marco jurídico español de forma explícita la edad como motivo prohibido de discriminación, tanto en el sector público como en el privado.

A ello se suma la proposición de reforma del Código Penal planteada en el Consejo de Ministros para incorporar el edadismo como agravante en los delitos de odio, de modo que discriminar por edad pueda tener consecuencias penales más severas.

También ha aludido al ‘Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca’, destinado a incluir nuevas medidas para garantizar la atención personalizada de los ciudadanos, especialmente las personas mayores, de forma que dispongan de servicios bancarios adaptados a sus necesidades, ampliar los servicios de caja con atención personalizada para mayores desde las 9 hasta las 14 horas, prioridad para mayores y personas con discapacidad en casos de alta afluencia de público en oficinas o facilitar la atención telefónica preferente, sin coste adicional y a través de un interlocutor personal.

Javier Salas también ha hecho mención al derecho a la vivienda y a la prioridad que otorga la Ley 12/2023, de 24 de mayo, a las personas mayores, y especialmente las mujeres, «para garantizarles el ejercicio efectivo del derecho a una vivienda digna y adecuada en condiciones asequibles, favoreciendo la existencia de una oferta a precios asequibles y adaptada a las realidades», unos objetivos que continuará en el nuevo Plan Estatal de Vivienda que triplica la inversión pública para la vivienda».