La Junta recibe once ofertas para explotar durante 30 años el puerto deportivo de Estepona
El concurso exige una inversión mínima de diez millones de euros a quien se quede con los 447 amarres, los locales comerciales y el resto de instalaciones
La Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), dependiente de la Consejería de Fomento y Movilidad, ha recibido once ofertas de empresas que aspiran a la concesión de la zona náutico-recreativa del puerto de Estepona. El concurso selecciona una propuesta para ocupar, explotar y gestionar las instalaciones durante un plazo inicial de 30 años, con una inversión mínima de diez millones de euros, según ha informado la Junta en un comunicado.
Se trata de una concesión demanial: el puerto sigue siendo dominio público y la Junta conserva su titularidad, mientras que la empresa elegida se encarga de explotarlo e invertir en él durante el periodo de la concesión.
Qué entra en la concesión
El puerto deportivo ocupa 21.358 metros cuadrados en tierra y 35.978 de lámina de agua. Dispone de 447 puestos de atraque para embarcaciones de entre seis y 35 metros de eslora, repartidos entre el muelle de ribera, de 425 metros de longitud en siete alineaciones, cinco pantalanes en la zona de levante, que suman 500 metros, y otros tres en la de poniente, con 240 metros.
La concesión incluye además alrededor de 7.000 metros cuadrados construidos: dos edificios de locales comerciales, uno en levante y otro en poniente, una torre de control, aseos, viario, zonas de terrazas y espacios de usos múltiples. Se suman 272 plazas de aparcamiento.
La estrategia de la Junta
El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha presentado la renovación de la concesión como «un paso más en la estrategia de modernización del sistema portuario andaluz», que apoya en dos ejes: la inversión en los puertos que la Junta gestiona directamente, con 150 millones de euros movilizados desde 2019, y la renovación de las concesiones. Según el consejero, la colaboración público-privada permite «movilizar nuevas inversiones y mejorar los servicios» y garantiza «un uso eficiente del dominio público portuario».
La ruta estratégica 2026-2030 de los puertos gestionados por APPA apuesta por la participación de la iniciativa privada en la explotación de las infraestructuras mediante el llamado modelo Landlord, en el que la Administración se reserva las funciones de regulación y control sobre el dominio público. La Junta enmarca el concurso en esa política y sostiene que busca atraer inversión privada para modernizar las instalaciones con criterios de sostenibilidad, digitalización e innovación y mejorar los servicios a los usuarios.
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