La delegada de la Junta visita el IES de Coín y defiende el protocolo contra agresiones

La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha visitado este lunes el IES Los Montecillos de Coín para respaldar al equipo directivo y al claustro tras la agresión sufrida el pasado jueves por la directora del centro y una profesora, y ha defendido las medidas del Gobierno andaluz frente a la violencia en los centros educativos. «No vamos a permitir que la violencia entre en las aulas», ha asegurado.

La agresión se produjo 16 días después de la entrada en vigor, el 1 de septiembre, de la actualización del protocolo de actuación ante agresiones al profesorado. Ese procedimiento obliga a la dirección del centro a comunicar los hechos de forma inmediata al inspector de referencia, que debe personarse en el instituto, atender al docente afectado y dejar constancia de lo ocurrido en el sistema Séneca.

«La respuesta ante este tipo de situaciones debe ser rápida y contundente», ha señalado Navarro, que ha recordado que, tras los hechos, «una persona fue detenida al día siguiente y otra está siendo investigada». El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, precisó el viernes que son dos las personas investigadas por los delitos de atentado a la autoridad y daños, una de ellas detenida. Según fuentes de la investigación, la detenida es la madre de un alumno del centro y el investigado, el padre.

La delegada ha acudido al instituto acompañada por el delegado territorial de Desarrollo Educativo, Miguel Briones, el alcalde de Coín, Francisco Santos, y la concejal de Cultura, Educación e Infancia, Alba Guzmán.

Navarro ha destacado que la Junta activó tras la agresión los mecanismos de apoyo previstos para las docentes afectadas, con asistencia psicológica y jurídica, y que la Delegación Territorial difundió un comunicado de rechazo. Los profesores, ha defendido, «deben saber que no están solos» ante situaciones de violencia o amenazas.

El decreto que desarrolla la Ley de reconocimiento de Autoridad del Profesorado, aprobado por el Consejo de Gobierno en diciembre de 2025, fija los procedimientos para que los docentes puedan pedir protección jurídica y apoyo psicológico gratuitos. La norma prevé además que el Gobierno andaluz promueva ante la Fiscalía que las agresiones e intimidaciones graves contra profesores se califiquen como delito de atentado.

Ese decreto crea también las Unidades de Apoyo al Profesorado en las ocho provincias andaluzas, encargadas de atender y asesorar a los docentes afectados por situaciones conflictivas y de ayudarles a tramitar las solicitudes de asistencia jurídica y psicológica. Para esas unidades, ha recordado Navarro, la Junta «aprobó en marzo la creación de diez puestos de Psicología».