La Junta de Andalucía ha remitido sendas cartas a los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para que, “de una vez por todas, cumpla con su obligación y dé una solución jurídica definitiva” a los propietarios de las viviendas de Pedregalejo y El Palo, en Málaga.
Así lo ha explicado este sábado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, que ha incidido en que el Ejecutivo andaluz insta así al Gobierno central a “que coja las riendas de una vez y ponga fin a la incertidumbre que llevan soportando demasiados años ya los vecinos de esta zona de Málaga”. “Lamentablemente –ha advertido– el Gobierno ni está, ni se le espera”.
España se ha reunido con los miembros de la asociación de vecinos Rebalaje, encabezados por su presidente Manuel Benavides, para trasladarles el contenido de las cartas remitidas por la Junta de Andalucía al Gobierno de España, concretamente a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y a la responsable de Transición Ecológica, Sara Aagensen.
En ellas, les urge a adoptar “medidas concretas y definitivas para aprobar la orden ministerial conjunta” que permita establecer los procedimientos de identificación de los afectados y avanzar así en la transmisión de las propiedades”.
“Tenemos un marco legal que ampara la resolución de la situación y que permite que los propietarios escrituren sus casas, pero hace falta voluntad y dejar de mirar para otro lado”, ha insistido la consejera, que ha garantizado que “desde la Junta de Andalucía, no vamos a parar hasta que el último de los vecinos pueda descansar con su casa escriturada”.
En este sentido, la consejera ha añadido que “esperemos que el Gobierno trate a estos vecinos de Málaga como trata a sus socios nacionalistas, porque no son menos que nadie”.
España ha recordado que la regularización de la propiedad de las viviendas de El Palo “es un asunto de evidente trascendencia histórica y social” para Málaga, que “sigue afectando a los vecinos de estas zonas a pesar de los pronunciamientos legales y las actuaciones previas que ya establecieron el marco jurídico necesario para que esta situación quedara resuelta”.
Así, ha señalado que tanto la Ley 2/2013, de uso sostenible del litoral, como dos sentencias del Tribunal Constitucional “reconocen la necesidad de proceder a la desafectación de estos terrenos del dominio público marítimo terrestre y su posterior transmisión a los ocupantes, conforme a la normativa aplicable”.
“Sin embargo, vemos que el tiempo sigue pasando, y el problema no se resuelve, por lo que esta cuestión continúa en un estado de incertidumbre administrativa que perjudica a los vecinos de estas barriadas y obstaculiza su legítima regularización”, ha insistido.
En este sentido, desde el Gobierno andaluz han vuelto a reclamar al Ejecutivo de España que “de una vez por todas solucione la situación y apruebe la orden ministerial que permita poner fin a esta incertidumbre e inseguridad jurídica”.
“Cada día que pasa sin resolverse este problema supone un agravio para los vecinos afectados, que ven sus derechos comprometidos y sus expectativas frustradas, pese a los compromisos legales y las sentencias que avalan que esta problemática se puede resolver”, ha aseverado España, al tiempo que ha añadido que “sólo hace falta voluntad y que el Gobierno central cumpla con su obligación”.
Por último, la consejera de Economía ha explicado que en las cartas el Gobierno andaluz muestra “su completa disposición” para colaborar en cuantas acciones sean necesarias “para garantizar que el asunto reciba la atención que merece y la pesadilla de estos vecinos acabe de una vez”, ha concluido.
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