El PSOE denuncia que más del 90% de los adjudicatarios de VPO del sector Universidad se queda sin piso
La viceportavoz socialista, Carmen Martín, llevará el viernes 20 a la comisión de Derechos Sociales y Vivienda una moción para paralizar las adjudicaciones y revisar con funcionarios del IMV todos los expedientes rechazados
El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha denunciado este martes que «más del 90% de las personas» que resultaron adjudicatarias en el sorteo del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) para las viviendas protegidas de alquiler asequible del sector Universidad se están quedando sin ellas. Son las promociones R3, R11, R12 y R15, que gestionan empresas privadas dentro del modelo público-privado impulsado por el equipo de gobierno.
Lo ha dicho la viceportavoz socialista, Carmen Martín, después de acompañar a decenas de familias de la Plataforma de Afectados VPO Málaga junto a la concejal Mari Carmen Sánchez. Martín ha presentado una moción que defenderá el viernes 20 en la comisión de Derechos Sociales y Vivienda.
Un correo con el piso y otro con la negativa
Según la viceportavoz, a estas familias se las está expulsando «por la puerta de atrás y sin derecho a reclamación», cuando el sorteo se celebró ante fedatario público y decenas de hogares «ya contaban con bloque, piso y puerta asignados». Martín ha descrito el procedimiento así: un primer correo les comunica que tienen vivienda asignada y, días después, otro se la deniega «sin ningún tipo de explicación ni posibilidad de reclamar». Algunos de esos mensajes, ha añadido, están «redactados por inteligencia artificial».
La socialista ha calificado de «incomprensible» que «familias que están pagando más de 1.000 euros en el mercado libre vean denegado un alquiler asequible de 600 euros», y ha criticado «la opacidad y la indefensión» en la que, a su juicio, se encuentran.
Lo que pide la moción
La iniciativa socialista recoge cuatro peticiones:
- Paralizar de inmediato la adjudicación de las viviendas mientras la situación no se aclare.
- Revisar todos los expedientes rechazados con funcionarios públicos del IMV.
- Exigir transparencia sobre los criterios económicos que ha aplicado la empresa privada.
- Aprobar un protocolo municipal común que garantice los derechos de los solicitantes.
Martín ha responsabilizado directamente al Ayuntamiento y ha cuestionado el modelo de gestión: «Le están dando suelo público y fondos públicos a las promotoras privadas y no está llegando a lo que tiene que llegar, que es a las familias que más lo necesitan». A su juicio, «el suelo municipal no puede convertirse en una simple aportación patrimonial para una foto del alcalde».
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