El Pleno ordinario del Ayuntamiento de Mijas (Málaga) ha aprobado este miércoles, con los votos a favor de PP, Por mi Pueblo, Vox y Cs y la abstención del PSOE, una nueva ampliación presupuestaria que alcanza 17.960.440 euros, la cual, unida a la aprobada en el pleno de marzo y a los remanentes traspasados automáticamente –20,8 millones €–, representa un total de 92.236.598,95 euros, quedando aún disponible 25 millones de euros de remanente.
Así lo han informado desde el Ayuntamiento en un comunicado, apuntando que esto permitirá ampliar la consignación económica destinada a la Renta Básica, que incrementará su partida en 3.850.000 euros.
Además, viene a completar la partida inicial incluida en el presupuesto anual general de 2024; 2.095.000 euros destinados a la planta de residuos para dotar al departamento de los medios oportunos para cumplir con la normativa medioambiental o los 1.973.000 euros para, entre otros asuntos, ampliar la distribución del contenedor marrón al resto del municipio donde todavía no estaban instalados, y la reposición de otros donde sea necesario.
De igual forma, abarca la actualización de precios del contrato y la mejora de los servicios que presta la empresa adjudicataria, ajustándose a la normativa europea de reciclaje, han especificado desde el Consistorio.
El Área de limpieza contará con 1.154.000 euros más que permitirán abarcar aquellas zonas a las que el contrato vigente no llega, reforzar los medios humanos no contemplados en dicho pliego y la correspondiente actualización de precios. Además, se destinarán 1.169.000 euros para actuaciones en caminos rurales.
A esto se añade la administración electrónica, a la que se destinan 1.200.000 euros, o los 605.000 euros para la promoción del Andalucía Costa del Sol Open de España, y 700.000 euros para el mantenimiento de playas.
Esta modificación entrará en vigor en pocos días y permitirá la continuación de los expedientes de contratación para llevar a cabo lo comprometido lo antes posible.
ESTABILIZACIÓN DE TRABAJADORES MUNICIPALES
Asimismo, desde el Ejecutivo local han reiterado el objetivo de estabilización de puestos de los 383 empleados, tras las reivindicaciones en el pleno por parte de estos trabajadores municipales con respecto a su situación laboral.
Así, han indicado en un comunicado que dicha estabilización laboral «debe llevarse a cabo con todas las garantías legales y acordes a lo establecido en la normativa de la UE con respecto a la oferta de Empleo Público de Estabilización».
«Es por ello por lo que, para dotar al proceso de total salvaguardias, ajustarlo a la legalidad y evitar impugnaciones, se plantea la necesidad de corregir los defectos y debilidades detectados por la Intervención Municipal en el procedimiento que pasan por dotarlo de un mayor nivel de detalle de la información incluida en los expedientes», han apuntado.
Al respecto, han indicado manifestado que en su informe se recuerda que «en la estabilización se consolidan plazas y no puestos ni personas».
Por esto, «en la misma no deben tomarse en consideración los puestos de trabajadores con una relación estable con el consistorio (funcionarios de carrera o laborables fijos) ni las que tengan una relación de provisionalidad con el puesto desempeñado, y que el proceso de estabilización no debe ser considerado como un procedimiento de promoción interna, para lo cual existen otros mecanismos y recursos».
Desde el equipo de gobierno han precisado que en este tiempo transcurrido «sin que el anterior procedimiento llegara a término, han sido muchos los municipios que han consolidado sus estabilizaciones y que sirven de ejemplo para no incurrir en defectos ni contratiempos», apuntando que «tal es el caso de Estepona, Marbella, Fuengirola, Vélez Málaga o la propia Málaga capital cuyos procesos difieren del pretendido en Mijas, tal y como señala la intervención».
Para dotar al procedimiento de más garantías se ha solicitado, además, informe a Función Pública. Desde el Ayuntamiento insisten en «el trabajo firme para cumplir con la normativa europea aprobada en diciembre de 2021, cuyo objetivo fundamental es la reducción de los índices de temporalidad en las administraciones públicas».
Asimismo, niegan que el proceso se haya paralizado sino que, por el contrario, han reiterado «la necesidad de ser escrupulosos con lo que la normativa establece para evitar impugnaciones y preservar los derechos de los trabajadores».
