El Gobierno está estudiando ya medio centenar de peticiones para que se repare e indemnice a otras tantas personas asesinadas o que sufrieron lesiones graves como consecuencia de la represión franquista entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978 y ya ha dado luz verde a una quincena de ellas, entre ellas la del sindicalista Manuel José García Caparrós, asesinado cuando tenía 18 años el 4 de diciembre en 1977 durante una manifestación en Málaga en defensa de la autonomía de Andalucía.
Así lo ha adelantado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en el Pleno del Congreso durante el debate de convalidación del decreto ley por el que se modifica la Ley de Memoria Democrática para dar cobertura a este colectivo de víctimas y ampliar el marco temporal de aplicación hasta el 29 de diciembre de 1978, fecha de entrada en vigor de la Constitución.
El ministro ha detallado que la comisión encargada de evaluar la concesión de estas indemnizaciones ha recibido ya unas 50 solicitudes de los potenciales beneficiarios, ha estudiado 18 de ellas y ha aceptado 15, entre ellas la relativa a Manuel José García Caparrós, asesinado cuando tenía 18 años el 4 de diciembre en 1977 durante una manifestación en Málaga en defensa de la autonomía de Andalucía.
OTRAS VÍCTIMAS ADEMÁS DE CAPARRÓS
Pero también se va a indemnizar a los familiares de Víctor Manuel Pérez, que tenía 23 años cuando fue asesinado en Portugalete (Vizcaya) al recibir dos disparos por la espalda “por el mero hecho de repartir octavillas en apoyo de una huelga”, y a Amador Rey, que en marzo de 1972 dejó viuda y tres hijos cuando, junto a su compañero Daniel, fue asesinado por la actuación de la policía franquista durante una huelga en Ferrol (Coruña).
Asimismo, se ha aceptado la petición de la familia de Ángel Almazán que murió en el hospital en 1976 tras varios días de ingreso por los “culatazos recibidos por agentes policiales al término de una manifestación”, y lo mismo se ha hecho con la de Juan Gabriel Rodrigo Nafo, muerto por la represión policial de las protestas obreras en Tarragona en marzo de 1976.
El ministro ha mencionado también el caso de Francisco Javier Nuñez Fernández que, al “volver de misa con su hija de tres años”, se encontró con la represión policial contra una manifestación por la amnistía que se celebraba en Bilbao. Logró dejar a su hija en el portal, pero recibió una dura paliza por parte de la policía franquista.
“Al día siguiente, al ir a denunciar los hechos, fue torturado, se le hizo beber un litro de aceite de ricino y coñac, y murió 13 días después en el hospital”, ha rememorado el ministro ante la viuda y la hija de Núñez Fernández, presentes en el hemiciclo.
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