El Defensor del Pueblo Andaluz ha formulado una resolución ante el Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) recomendando que se adopten las medidas organizativas y asistenciales «precisas» para «la satisfacción de la demanda de intervenciones quirúrgicas de reasignación genital en plazos razonables, en particular las genitoplastias feminizantes» en el Hospital Regional Universitario de Málaga, que actualmente acusan «una espera de nueve años».
Precisan en el documento publicado por el organismo autonómico consultado por Europa Press, que esos plazos de espera, «de no adoptar medidas urgentes, continuarán aumentando exponencialmente, de conformidad con el respeto a la diversidad y la dignidad de las personas transexuales consagradas en la legislación nacional y andaluza y como parte integrante del derecho a una buena administración».
Así se desprende de una resolución formulada en la queja dirigida a la Consejería de Salud y Consumo. En cuando a los antecedentes, inciden en «la clara voluntad del poder legislativo de continuar la realización» de los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas Lgtbi y sus familiares en Andalucía.
Sin embargo, añaden, la «realidad administrativa que veníamos observando en las quejas que nos llegaban a esta Defensoría, mostraba un escenario presidido por las listas de esperas, la escasez de medios y la priorización de intervenciones quirúrgicas más urgentes y con encuadre normativo en el Decreto de garantía de plazo de respuesta, que imposibilitaban hacer realidad en un plazo razonable las aspiraciones, anhelos y expectativas de las personas que aguardaban la intervención quirúrgica deseada».
Recuerdan que el 29 de junio de 2020 formularon una resolución al Hospital Regional Universitario de Málaga, contestando la Dirección Gerencia del Hospital Regional Universitario de Málaga, aunque el Defensor señala que «sin restar valor a los esfuerzos que nos constan que se realizan diariamente por los profesionales sanitarios, no podíamos compartir los argumentos esgrimidos», procediéndo a la reseña del expediente de queja en el Informe Anual al Parlamento de Andalucía correspondiente al ejercicio 2020 y al consiguiente archivo del mismo.
El Defensor del Pueblo Andaluz con fecha 13 de mayo de 2024 procedió a admitir la presente queja a trámite. También se indica que con fecha 8 de julio de 2024 recibieron informe del hospital en el que se informaba, entre otros, de que las personas usuarias pueden consultar el estado de su situación en cada momento en la LEQ a través de la Secretaría del Servicio de Cirugía Plástica, «si bien se debe tener en cuenta que la lista de espera de este tipo de intervenciones no es estática». Entre otros, se indica el plazo de demora a nueve años.
CONSIDERACIONES
Por otro lado, en cuanto a las consideraciones, se apunta a que «es habitual» el traslado a la institución por parte de la ciudadanía «de los retrasos que presiden las intervenciones quirúrgicas que no se encuentran incluidas en el Decreto 209/2001, de 18 de septiembre, por el que se establece la garantía de plazo de respuesta quirúrgica en el Sistema Sanitario Público de Andalucía y las sucesivas órdenes que lo han modificado».
Y también, continúan, «es reiterada la respuesta ofrecida desde la Administración pública, en la que se nos informa de esta circunstancia de exclusión de las intervenciones en las normas aludidas y de la necesidad de atender y priorizar otras patologías más graves e incluidas en el decreto y sus órdenes».
Así, en el caso de las cirugías de reasignación genital, «un paso importante» para muchas personas transgénero en su proceso de transición, «este retraso alcanza niveles especialmente preocupantes».
Al respecto, se precisa que en el caso de las intervenciones quirúrgicas de genitoplastia feminizante en el Hospital Regional Universitario de Málaga, «intervención respecto de la que hemos recibido varias quejas en estos años, observamos que la media de 16 intervenciones anuales antes de la pandemia ha disminuido drásticamente, registrando –excluyendo por razones obvias 2020 y 2021– seis en 2022, dos en 2023 y seis hasta el mes de junio de 2024».
Por tanto, «ni siquiera si en 2024 se continuara en buen ritmo del primer semestre, se alcanzarían las citadas 16 intervenciones que se realizaban de media con anterioridad».
Han añadido que «esta lenta progresión de las intervenciones debe ponerse en relación con el inversamente proporcional aumento de la demanda». «Si entre 2015 y 2020 se inscribían anualmente en la LEQ entre 50 y 90 personas, las inscripciones habían aumentado hasta las 117 registradas en 2023, a lo que debe contribuir sin duda el hecho de que este hospital sea centro de referencia no solo andaluz sino también nacional», según la información facilitada por el propio hospital al Defensor del Pueblo Andaluz.
Como consecuencia, han añadido, «la demora para la realización de estas intervenciones se ha incrementado, situándose a día de hoy en los nueve años, que aumentarán inevitablemente habida cuenta que el ritmo de la demanda crece mientras que el de las intervenciones resulta absolutamente insuficiente, llegando a ser inexplicable que un centro de referencia nacional no disponga de capacidad para asumir ni un 10% de las inscripciones anuales, sin tan siquiera contar las acumuladas».
El Defensor del Pueblo Andaluz ha asegurado que «no desconoce los importantes recursos humanos y materiales que requieren las complejas intervenciones a las que nos referimos, en términos de personal de diferentes categorías y especialidades, tiempo de quirófanos, etcétera, en un sistema de salud que ya acusa de déficit de personal –como es el caso de los especialistas en anestesia en algunos centros sanitarios– y de retrasos en intervenciones quirúrgicas que están amparadas por los plazos de respuesta quirúrgica del Decreto 209/2001, de 18 de septiembre».
De igual modo, se señala que en un contexto de aprobación de textos legales con una «clara vocación y compromiso de atención al colectivo desde una perspectiva holística e integral, a los que se ha añadido la reciente Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas Lgtbi», deben reiterarse «en nuestras actuaciones y resoluciones anteriores, manifestando que una espera más allá de lo razonable puede equipararse a desasistencia, desde la perspectiva del derecho a la protección de la salud que recoge nuestra Constitución en su artículo 43, lo que nos lleva a reclamar la adopción de medidas para evitar esta situación».
A dicha fundamentación añaden «la previsión que se contempla en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, regulado en la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, en relación con la garantía, dentro del derecho a una buena administración, de que los asuntos de los ciudadanos, se resuelvan en un plazo razonable; e igualmente la del art. 5 d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, en términos similares, de acuerdo con el principio de proximidad a la ciudadanía consagrado en el artículo 3 r) del mismo texto legal».
Por todo ello, el Defensor del Pueblo Andaluz ha formulado la recomendación de que se adopten las medidas organizativas y asistenciales «precisas» para la satisfacción de la demanda de intervenciones quirúrgicas de reasignación genital en plazos razonables, en particular las genitoplastias feminizantes.
